La juez Lamela interroga el jueves al presidente de Abengoa en calidad de investigado

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado a declarar como investigado el próximo 6 de octubre al actual presidente de Abengoa, Antonio Fornieles, por su papel en la aprobación de las millonarias indemnizaciones que percibieron el expresidente Felipe Benjumea y su exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega poco antes de que la compañía presentara el preconcurso de acreedores.

Sin embargo, la defensa de Benjumea solicitó a la magistrada en una providencia que suspendiera la declaración del empresario así como que se anularan las comparecencias de la expresidenta de la Comisión de Nombramientos de la empresa Mercedes Gracia Díez y de la vocal Alicia Velarde Valiente, previstas para el mismo día.

La juez de la Audiencia Nacional citó a declarar como investigado a Fornieles por su papel en la aprobación de las millonarias indemnizaciones que percibieron Benjumea y su exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega poco antes de que la compañía presentara el preconcurso de acreedores.

La magistrada adoptó esta decisión en respuesta a una petición formulada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y considera que la comparecencia en calidad de investigados de estos exresponsables de Abengoa es "procedente" debido a que adoptaron los acuerdos de 23 de septiembre de 2015 relativos a las retribuciones abonadas a Benjumea tras su cese como presidente.

Estas actuaciones responden a la querella presentada hace meses por la Plataforma de Perjudicados por Abengoa, en la que se denunciaba la "horrible" gestión de Benjumea y Sánchez Ortega, que a juicio de los denunciantes buscaban su "propio beneficio y lucro personal" al concederse indemnizaciones millonarias en lugar de "salvar a sus miles de inversores".

El fiscal José Perals pidió la ronda de testificales después de que Fornieles explicara, en una comparecencia como testigo en junio, que la multinacional pagó a su antecesor 4,48 millones en concepto de indemnización por cese anticipado y pacto de no competencia postcontractual y otros 7 millones por bonificación por permanencia que tenía reconocida en su contrato con la sociedad.

El Ministerio Público recalca en un informe que Abengoa amplió su capital para afrontar sus deudas y el Consejo de Administración decidió el 23 de septiembre de 2015 "aparentar la marcha" de Benjumea de la sociedad, quedándose bajo la denominación de "asesor" del Consejo y cobrando un sueldo "idéntico" al que venía recibiendo como consejero.

Benjumea recibió el pago pese a ser consciente de la "mala situación" de la sociedad, que en noviembre de 2015 pidió el preconcurso de acreedores. Los mismos miembros del Consejo de Administración acordaron el 15 de junio de 2015 las condiciones económicas y el cese de Sánchez Ortega.

QUERELLA DE LOS BONISTAS

La juez admitió hace meses la querella, presentada por propietarios de bonos de la compañía Abengoa, y en la que se denunciaba la "horrible" gestión de los dos directivos que, en su opinión, buscaban su "propio beneficio y lucro personal" al concederse indemnizaciones millonarias en lugar de "salvar a sus miles de inversores".

Los bonistas señalaron que Benjumea y Sánchez Ortega eran "conocedores de la auténtica realidad económica-financiera" de la empresa y que buscaron su enriquecimiento "en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate".