Todos los grupos del Congreso intentan frenar la implantación de la LOMCE

Se trata de la primera reforma legislativa que intentará emprender el nuevo arco parlamentario en esta legislatura, a través de uno de los 'pilares' que el PP puso en marcha en los cuatro años anteriores, sin consenso del resto de los grupos políticos.

Precisamente, a mediados de marzo, el Senado rechazó, gracias la mayoría del PP, otra iniciativa del PSOE en este sentido, que fue apoyada por toda la oposición.

El PP intenta ralentizar la iniciativa

No obstante, es complicado que la iniciativa culmine su tramitación de no haber gobierno en este mes, ya que es previsible que los 'populares', al contar con mayoría absoluta en el Senado, intenten ralentizar su tramitación al máximo --disponen de dos meses para procesar una iniciativa--.

En caso de haber nuevo gobierno, y tras ser rechazada por la mayoría del PP en la Cámara Alta, esta normativa tendría que volver al Congreso, donde sí podría tramitarse.

En todo caso desde julio de 2013 existe un compromiso parlamentario de parar la ley en cuanto cambiase la mayoría en la Cámara Baja. Este pacto fue sellado por todas las formaciones políticas que entonces se encontraban en la oposición parlamentaria, salvo UPyD, Foro de Asturias y UPN, que no quisieron sumarse al compromiso.

De hecho, los partidos que han mostrado su firme disposición a derogar la LOMCE superan ya en el Congreso la mayoría absoluta necesaria (176 escaños) para modificar una norma de rango orgánico como la 'Ley Wert', alcanzando los 227 escaños.

Así, han manifestado su deseo de tumbar la 'Ley Wert': PSOE (89 diputados y firmó el acuerdo), Podemos (42), Ciudadanos (40), En Comú (12), Compromís (9, en el pacto), ERC (9, firmó el acuerdo), Democracia y Libertad --antigua CiU, que también selló el acuerdo parlamentario-- (8 diputados), PNV (6, forma parte del acuerdo), En Marea (6), Izquierda Unida (2, se sumó al acuerdo), EH Bildu (2, también está en el pacto por derogarla), Coalición Canaria y Nueva Canarias (1 cada una, dentro del acuerdo).

SUSPENDER TODAS LAS NORMAS EN VIGOR

En concreto, la iniciativa que se debatirá este martes forma parte de las primeras iniciativas que los socialistas presentaron en la Cámara tras las elecciones, una proposición de ley que exige "la paralización del calendario de aplicación de la LOMCE y la consiguiente suspensión de la entrada en vigor de las normas dictadas en su desarrollo que no hubieran tenido aún vigencia o aplicación efectiva".

Según remarca, se trata del "paso prioritario" para poder comenzar a reconstruir "un acuerdo común" entre toda la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas para lograr un sistema educativo "estable y de calidad".

En ella también se propone derogar el decreto de noviembre que regula las características generales de las pruebas de evaluación final de Primaria.

Igualmente, establece que el Gobierno deberá remitir a la Cámara un proyecto de ley básica de educación, que suponga la derogación de la LOMCE, "tras llevar a cabo un proceso de diálogo con las administraciones, comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas, dirigido a alcanzar el máximo consenso en un acuerdo político y social sobre las medidas necesarias para la mejora del sistema educativo".

"Esperamos que cuente con un apoyo prácticamente unánime, salvo del PP, y que salga adelante lo antes posible", ha sentenciado Hernando en la rueda de prensa.

LA SÉPTIMA LEY EDUCATIVA DE LA DEMOCRACIA

La ley impulsada por el exministro José Ignacio Wert se aprobó en diciembre de 2013 con el único voto del PP, y supuso la reforma de Ley Orgánica de Educación, aprobada en 2006 con los socialistas en el Gobierno.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy argumentó que el objetivo de la nueva normativa, la séptima de la democracia, era "aumentar la calidad" del sistema educativo y reducir la alta tasa de abandono escolar temprano, que al inicio de la Legislatura se situaba en el 26,3 por ciento, muy por encima de la media de la Unión Europea.

Seis han sido los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional contra la LOMCE: del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, del Gobierno y del Parlamento catalán, así como los ejecutivos regionales de Andalucía, Asturias y Canarias. Todos ellos fueron admitidos a trámite, pero esto no implicó la paralización de la ley.

ARRANCA EL TERCER TRIMESTRE

Precisamente, el tercer trimestre de este curso escolar 2015-2016 arrancó la semana pasada, aunque el desarrollo de la evaluación final de Primaria que pone en marcha la LOMCE, y prevista para mayo, está en el aire. Una decena de comunidades autónomas se oponen a estas pruebas y al menos cuatro han recurrido ya el decreto que las regula ante el Tribunal Supremo.

Si el PSOE logra formar Gobierno, una de las primeras medidas en poner en marcha sería la paralización del calendario de aplicación de la ley para evitar el desarrollo de este prueba; si se celebran nuevas elecciones, el curso finalizaría con el actual Gobierno en funciones, y la prueba la tendrían que realizarla todos los alumnos de 6º de Primaria de todas las comunidades autónomas.

Fuentes del Ministerio de Educación han indicado a Europa Press que las evaluaciones "las establece la ley y hay que hacerlas". También recuerdan que en la última Conferencia Sectorial de Educación, celebrada el pasado 13 de agosto, "todas" las comunidades autónomas "dieron su visto bueno" a que esta evaluación se celebre este curso escolar 2015-2016.

Más de una decena de comunidades autónomas anunciaron a finales de 2015 recurrir ante el Tribunal Supremo el decreto que regula las características de la evaluación de 6º de Primaria aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de noviembre. Al menos cuatro ejecutivos autonómicos --Andalucía, Extremadura, Cantabria, Asturias-- ya han presentado su recurso contencioso-administrativo.

El lunes 28 de marzo el Gobierno canario dio luz verde al recurso contra el decreto después de presentar un requerimiento al Estado como paso previo. Otras administraciones --Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, Aragón y Baleares-- tienen intención de hacerlo.

A finales de febrero, el Consejo de Ministros aprobó rechazar el requerimiento de la Generalitat de Cataluña sobre la evaluación de Primaria, declarándose competente para establecerla en esta comunidad autónoma, que denunciaba invasión competencial por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

El Ejecutivo de Aragón considera que la evaluación de Primaria es "ajena por completo" al sentido orientador de cualquier prueba de diagnóstico y sostiene, al contrario que el ministerio, que fue "claramente rechazada" por una mayoría en la última Sectorial de Educación. Extremadura afirma que es un "trastorno" para los centros educativos y un gasto económico "extra" para las arcas regionales.

Mientras, la Comunidad Valenciana alerta de que se trata de un examen para hacer "ránkings discriminatorios" de centros; Asturias señala que esta evaluación "rompe con los criterios pedagógicos de la evaluación continua"; y el Ejecutivo cántabro advierte de que supone un "cuestionamiento" de la labor del profesorado.