Juzgan desde mañana a dos acusados de estafar a 651 personas con paquetes vacacionales Mundo Mágico

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará a partir de mañana a Antonio González Moral y Paul Alexander Van Zill por un delito de estafa a 651 personas con la venta de servicios turísticos y vacaciones en complejos hoteleros a través de su multipropiedad Mundo Mágico Tours y filiales.

El juicio que está previsto que se celebre hasta el próximo 23 de febrero. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para los dos socios de la agencia de viajes, desaparecida en 2003, la pena de seis años de prisión para cada uno de ellos por delito continuado de estafa y multa de 10.800 euros para cada uno de ellos.

El representante del Ministerio Público impone a los acusados indemnizar a cada una de las 651 víctimas con cantidades que oscilan entre 114 euros y 14.000 euros si bien la mayoría de los afectados perdieron entre 9.000 y 11.00 euros en inversiones en este entramado cuya sede estaba radicada en Benalmádena (Málaga).

Según explica el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, González Moral utilizó técnicas de captación de clientes "cada vez más agresivas" mediante llamadas telefónicas, realización de encuestas en la vía pública, publicidad por correo, promesas y entrega de precios.

Para ello, aparentaba una "solvencia patrimonial" y capacidad para cumplir sus compromisos vacacionales "inexistente" --bien porque no existía el complejo de apartamentos o porque no se habían comprado los inmuebles--, alardeando de acuerdos con empresas de reconocido prestigio, indica el fiscal.

LOS CONTRATOS TENÍAN LA OBLIGACIÓN DE PAGAR "INMEDIATA E ÍNTEGRAMENTE"

Los afectados firmaron contratos que llevaban aparejados la obligación de pagar el servicio turístico mediante la firma de contratos de préstamos cuyo importe iba de "inmediato e íntegramente" a los acusados, dice la Fiscalía en su escrito. El Ministerio Público detalla que esto ocurrió con la venta de apartamentos y que la fórmula "evolucionó" hasta convertirse en club de vacaciones.

El fiscal explica que los contratos establecían el disfrute de los paquetes vacacionales en plazos de entre cinco a 20 años, de tres semanas de alojamientos anuales en diferentes establecimientos hoteleros. A cambio, los perjudicados tuvieron que pagar una cuota de afiliación que oscilaba entre los 3005 euros y los 12.000 euros.

Además, indica el representante de la Fiscalía que utilizó descuentos promocionales como una "maniobra engañosa" que consistía en pagar en ocasiones a clientes más antiguos con el dinero de nuevos clientes a los que nunca llegaron a cobrar esta ventaja. "Esta modalidad de contrato estaba orientada de forma directa a esquivar la legislación española en materia de multipropiedad", destaca el fiscal.