Juzgan este martes a exresponsables del Xerez Club Deportivo en una pieza separada del caso 'Malaya'

El fiscal acusa al que fuera presidente del Xerez y empresario, José María Gil Silgado, y al accionista mayoritario del club Luis O., para los que solicita que se le imponga una pena de dos años y nueve meses de prisión y multa de 2,5 millones de euros, a cada uno.

Según el escrito de conclusiones iniciales de la acusación pública, al que ha tenido acceso Europa Press, Gil Silgado "se dedicaba a la especulación inmobiliaria desarrollando gran parte de su actividad en Marbella por lo que conocía a Juan Antonio Roca", principal condenado en el caso 'Malaya', que al inicio de esta causa estuvo investigado, pero que ahora está citado como testigo.

El fiscal sostiene que el expresidente del club actuaba siempre a través de alguna de sus empresas, "todas carentes de estructuras tanto humana como de medios materiales". Así, señala que el principal accionista, también acusado en este procedimiento, conocía al exalcalde marbellí Jesús Gil, al que "había comunicado en reiteradas ocasiones su intención de vender el club".

Fue el exregidor, según la acusación pública, el que informó a Roca de esas intenciones de vender el club, el cual ya había realizado inversiones en distintos ámbitos económicos, como el hotelero, ganadero, agrícola e inmobiliario, "utilizando fondos que había obtenido de la actividad delictiva", y decidió ampliar "su ámbito de negocio", invirtiendo en ese momento en el sector deportivo.

Así, Roca se fijó en el Xerez CD para invertir, lo que "se llevó a cabo en distintas operaciones" hasta adquirir el 50 por ciento del club y los derechos televisivos, a través de dos sociedades, participadas por otras mercantiles. En la instrucción, admitió que compró participaciones del equipo, pero negó que el dinero fuera de procedencia ilícita.

En estas operaciones participó el empresario acusado "de forma opaca, con la finalidad de ocultar la procedencia de los fondos utilizados", según el fiscal, para el que los dos procesados sabían que Roca era "el verdadero socio del negocio, siendo plenamente conscientes de sus problemas con la justicia", aunque se prestaron "voluntariamente a colaborar en la ocultación de fondos ilícitos".