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La Justicia obliga a Sant Cugat a retirar definitivamente la estelada y a pagar 300 euros

La jueza del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Barcelona ha determinado que el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) retire definitivamente la estelada, ubicada en la plaça Octavià, y pague 300 euros de las costas del procedimiento.
En una sentencia recogida por Europa Press, la jueza ha ordenado la retirada de la estelada, teniendo un plazo de diez días para comunicar al juzgado su cumplimiento, y ha advertido de que "no podrá colocarla en ningún otro espacio público".
La bandera independentista catalana estaba situada, en un primer momento, en la plaça Lluís Millet y en una resolución de la misma juez se requirió, a instancias de un recurso de Societat Civil Catalana (SCC), que se quitara tal como se resolvió en noviembre de 2014.
En este sentido, en este nuevo auto la juez ha reconocido que en el fallo de 2014 se pedía el repliegue de la bandera que "en ese momento ondeaba. Pero en los fundamentos de la Sentencia son claros en cuanto a que la estelada no puede colocarse en ningún espacio público".
Asimismo, ha apuntado que las manifestaciones públicas de la alcaldesa de la localidad, Mercè Conesa, que insistía en la instalación de la enseña independentista tantas veces como se retirara, ha demostrado "la voluntad de actuar orillando" lo resuelto en el procedimiento; no obstante, la sentencia no es firme y existe la posibilidad de presentar un recurso de apelación.
SOCIETAT CIVIL CATALANA
El vicepresidente de Societat Civil Catalana, José Domingo, ha anunciado este lunes que enviarán un requerimiento a las corporaciones públicas para que retiren la 'estelada' de ayuntamientos y espacios públicos.
En un comunicado tras el auto que anula el cambio de ubicación de la 'estelada' en la vía pública de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), ha pedido a la alcaldesa que deje de "hacer trampas con el uso de este símbolo separatista".
"Los políticos nacionalistas deben entender que el totalitarismo separatista es contrario a las reglas democráticas", ha asegurado Domingo, y les ha reclamado que acepten y acaten las decisiones de los tribunales.