Justicia y las CCAA con competencias transferidas estudian la evolución de las comunicaciones electrónicas

En la reunión, que ha estado presidida por el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, han participado representantes de las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia, además de la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Dorado ha recordado que desde 2016 se han realizado cerca de 73 millones de comunicaciones electrónicas entre los órganos judiciales y los operadores jurídicos y que, desde el pasado 1 de Enero, la obligación de utilizar medios electrónicos en la relación con la Administración de Justicia se ha extendido a las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica y las Administraciones Públicas, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los centros hospitalarios.

En relación con las comunicaciones electrónicas, se ha puesto de manifiesto que se sigue trabajando para facilitar la integración del sistema 'LexNET' en los órganos judiciales de las Comunidades Autónomas no usuarias del sistema, así como en los distintos colectivos auxiliares y colaboradores de la Administración de Justicia.

En cuanto al despliegue del sistema de Justicia digital, se han identificado los próximos pasos a seguir para dar cumplimiento al mandato de la Ley 18/11, de 5 de julio, que establece la obligación de las Administraciones Públicas de dotar a los órganos judiciales de un sistema que permita la tramitación electrónica de los procedimientos.

Según datos del Ministerio de Justicia, esto ya es una realidad en dos de cada tres juzgados de su territorio, es decir, en un total de 26 partidos judiciales.

Asimismo, se ha expuesto la situación de la experiencia piloto del sistema de Fiscalía digital en Valladolid y de su posible extensión al resto del territorio nacional cuando esté plenamente operativo.

Entre otras cuestiones de carácter más técnico, se ha abordado también la progresiva implantación de las sedes judiciales electrónicas, necesarias para la puesta a disposición de servicios digitales a ciudadanos y personas jurídicas, en cada uno de los territorios.

También se ha abierto una nueva línea de trabajo para la mejora de la estadística judicial que consiste en la estandarización de los tipos de resoluciones judiciales más importantes.