La Junta niega ahora que vaya a pagar la defensa a sus cargos imputados por los ERE

La norma referida es el Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, según ha indicado la Oficina del Portavoz del Gobierno en un comunicado.

Así, indica que según la disposición adicional segunda del citado Decreto, "los Letrados de la Junta de Andalucía podrán representar y defender a las autoridades y personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, cualquiera que sea su categoría, en toda clase de procedimientos judiciales que se dirija contra ellos, siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores, y que se conceda la autorización correspondiente, previo informe del Gabinete Jurídico, por el titular de la Consejería de quien dependa el afectado".

Igualmente, ha apuntado que en su artículo 3, dicha disposición, establece literalmente que "en los casos en los que, resultando procedente la defensa de las autoridades y personal de la Administración de la Junta de Andalucía por los Letrados de la Junta de Andalucía, pudiera existir incompatibilidad material por la posición procesal de la Comunidad Autónoma haya de mantener en el mismo o en otros procedimientos, la Consejería competente, previo informe del Gabinete Jurídico, podrá contratar los servicios de profesionales que se encarguen de la defensa de aquel personal".

Por todo ello, desde la Oficina del Portavoz del Gobierno andaluz señalan que Junta "no va a abonar la defensa de los imputados por el último auto del Juzgado de instrucción número 6 --en el que imputa a 20 cargos y excargos de la Junta--, porque ni siquiera ha sido aún notificado a los imputados, y por tanto no existe la preceptiva solicitud por su parte de asistencia de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, ni informe previo, ni autorización".

Del mismo modo, ha apuntado en el comunicado que el Decreto 450/2000 "asiste y protege jurídicamente al personal de la Junta de Andalucía en su conjunto, sin distinción alguna por cargo o función. Solo tiene en cuenta que el proceso judicial afecte al desarrollo de sus funciones contempladas en el marco de la ley".

En este sentido, la Oficina del Portavoz ha recordado que "hasta ahora, y después de tres años de instrucción judicial, la Junta solo se ha hecho cargo de la defensa de Daniel Rivera, ex director general de Empleo, porque así lo estimó conveniente el Servicio Jurídico, el mismo servicio que ha solicitado la imputación y afianzamiento de varios ex altos cargos de la Junta". Además, ha resaltado que este hecho fue informado "con total transparencia a la opinión pública".

Por último, ha indicado que existe una norma similar a nivel estatal que ofrece asistencia jurídica los empleados públicos de la Administración General del Estado. En concreto, el Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 14.1.

Cabe recordar que el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha manifestado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que, de acuerdo con el reglamento de los Servicios Jurídicos de la Junta, los cargos de la administración autonómica que han sido imputados en el caso de las irregularidades de los expedientes de regulación de empleo (ERE) "podrán pedir el servicio o el pago de la defensa".

Esta información ofrecida por Vázquez ha motivado que las críticas del PP-A. Así, su secretario general, José Luis Sanz, ha censurado, en declaraciones a Europa Press, que la Junta "cargue" con la defensa de los cargos de la Administración autonómica que han sido imputados y ha advertido de que, con dicha acción, "da la impresión" de que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, está buscando "su propio interés personal por si en algún momento él también fuera imputado".