Junqueras niega legalidad al Estado español por oponerse al referéndum

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, Junqueras ha aseverado que quien está incumpliendo con la legalidad no es el Govern al impulsar el referéndum el 1-O, sino el Gobierno español ya que firmó los tratados internacionales que le obligan a cumplir con la legalidad internacional y no lo está haciendo.

"Nos regimos por un sistema legal que tiene su fuente en el convenio de derechos humanos, parte sustancial de la legalidad española", ya que, según ha explicado, el Estado español firmó los derechos civiles y políticos y se comprometió a generar e interpretar su legislación en función del derecho internacional.

Principios de septiembre

Ha anunciado que prevén aprobar la ley del referéndum a principios de septiembre y respecto a la posibilidad de que el Tribunal Constitucional anule dicha ley, ha explicado que "el Govern cumplirá la ley, la única ley que hay, la única posible", que es la que se deriva del derecho internacional, ha insistido.

Al preguntarle si esto sería un acto de desobediencia, ha afirmado que "será un acto de obediencia de la legalidad vigente que se deriva del derecho internacional".

Junqueras ha explicado que la última vez que se vio con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, fue el 9 de enero pero que ellos mantienen el diálogo: "Nosotros no cerramos nada, somos los máximos constructores del diálogo".

Al preguntársele si podrían dar marcha atrás, Junqueras ha espetado: "No por el amor de dios, por quien nos han tomado", y ha explicado que no pueden dar marcha atrás a la democracia y renunciar al derecho a la autodeterminación, yendo así en contra de las Naciones Unidas.

Ha explicado que se habilitarán los colegios electorales habituales "y en el caso que haya un boicot activo contra la democracia habilitaremos los espacios más cercanos", además de reiterar que el censo se hará como siempre, en sus palabras.

En clave económica, ha indicado que de momento Cataluña no puede financiarse en los mercados internacionales porque no les dejan, y se lo prohíben explícitamente pese a ser la única administración que ha reducido el 85% del déficit, además de que ha admitido que es "muy probable" que se prorroguen los presupuestos para 2018.