Julián Muñoz dice que "el más listo fue Gil, que nunca firmó nada" mientras él tenía "un tocho" de papeles

Muñoz ha realizado estas declaraciones en el juicio que se celebra en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga en el que se le juzga a él y al ex secretario municipal Leopoldo Barrantes por supuestas irregularidades en la adjudicación directa de una vivienda que pertenecía al patrimonio municipal a una hija de este último, que también está acusada, tras quedar desierta una subasta pública.

Este piso y otros dos procedían de un convenio urbanístico y el Consistorio decidió, dice el fiscal, sacarlos a subasta pública, utilizando una tasación no adaptada al precio de mercado. Dos de las viviendas se adjudicaron y la tercera se declaró desierta; aunque en 2000, según el fiscal, "sin procedimiento, contraviniendo la normativa" y sin actualizar precio, se adjudicó directamente a la hija de Barrantes.

La Fiscalía señala que dicha adjudicación "obedecía al acuerdo entre los acusados para obtener un beneficio en perjuicio del Ayuntamiento", apuntando que esta acusada, que era empleada municipal desde 1992, "confiada y segura" de la operación "debido a que su padre era secretario, amigo personal del entonces alcalde, Julián Muñoz", vendió su residencia "seis meses antes de la adjudicación formal".

Al respecto, el exregidor ha señalado que no se reunió ni habló de dicha adjudicación ni con el entonces secretario ni con la hija de éste, señalando que transcurridos 16 años desde estos hechos, no puede recordar los aspectos concretos del caso, porque, ha asegurado de nuevo, "he firmado todo lo que me han puesto por delante".

Ha insistido en que no tenía conocimientos urbanísticos ni de administración pública y que, aunque "se supone" que debía tenerlo, "se supone que los técnicos, sean de Personal, Hacienda o Urbanismo, a su inmediato jefe no le engañaban". "He firmado porque nunca he pensado que me engañaban", ha reiterado.

Muñoz ha dicho que no recibió presiones para adjudicar esta vivienda y que no era amigo personal de la adjudicataria ni de su padre, algo en lo que estos dos han coincidido.

Por su parte, el exsecretario ha dicho que no supo que la vivienda en cuestión se le había adjudicado a su hija hasta que no estaba hecho, porque "nunca me he metido en las cosas de mis hijos"; y, aunque firmó el decreto correspondiente, ha recalcado que esa rúbrica "sólo significa reconocer que otra firma es del alcalde, no entro para nada en el contenido del papel".

Ha declarado que daba por hecho que el procedimiento "se adecuaba" y que no tuvo en cuenta los plazos desde que se declaró desierta la subasta. Ha asegurado que no le gusto "nada" que su hija se quedara con la casa, porque el edificio "ya era conflictivo" legalmente en ese momento.

La hija del exsecretario, asimismo, ha negado que negociara con Muñoz y ha dicho que no se planteó estar cometiendo ninguna ilegalidad. Ha reconocido que realizó trámites administrativos, como presentar los boletines de luz y agua, antes de que se le adjudicara el piso porque "no había otro postor" para la adjudicación directa.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la adjudicación se formalizó al mismo precio por el que había salido a subasta dos años antes, es decir, 84.750 euros y, además, "sin proceder, como es preceptivo, a una nueva valoración para ajustar el precio al valor real de mercado resultando, por tanto, infravalorada en perjuicio de las arcas municipales".

En este sentido, esta acusación estima que el perjuicio es de 45.866 euros, cantidad que reclama para el Ayuntamiento; apuntando que el valor tenido en cuenta "contrasta con los valores de tasación referidos en los expedientes de préstamos y el de la peritación judicial", además de que otras viviendas de iguales características fueron vendidas por la empresa directamente "a precios superiores".

Por esos hechos, se acusa a Muñoz, al exsecretario y a la hija de éste por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de fraude, solicitando tres años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años para los dos primeros y dos años de prisión y seis de inhabilitación para la procesada, al acusarla en concepto de inductora.