Arranca el juicio por las tarjetas 'black'

Se trata de una de las citas judiciales más mediáticas -hay más 65 medios acreditados-- que llega tras más de dos años de investigación que llevaron al juez instructor del caso, el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, a concluir la existencia de indicios de que los altos cargos --entre ellos representantes políticos y sindicales-- de las entidades se gastaron 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012 en gastos personales.

No obstante, solo se juzgará la etapa posterior a 2003 -durante la cual los procesados gastaron 12 millones de euros con las tarjetas- debido a que el resto de la responsabilidad por los gastos ha prescrito y no puede ser juzgada. El juez instructor concluyó que las tarjetas fueron emitidas "sin respaldo contractual alguno", que su uso "no tenía como finalidad gastos de representación" y que, consecuentemente, el dinero debía considerarse como una retribución "irregular".

El juicio, que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando (Madrid), arranca con cuestiones previas que continuarán el 27 de septiembre. Según el calendario establecido, la Sala de lo Penal tiene previsto comenzar los interrogatorios el 30 de septiembre y finalizarán el día 7 de ese mes y tras el turno de testigos y expertos periciales, el juicio quedará listo para sentencia el 23 de diciembre.

Bankia-BFA, el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) y Tenedora de Acciones SAU (BFA) ejercen la acusación particular mientras que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) - en sustitución de UPyD-- y la Confederación General de Trabajo, la acusación popular.

Frente a la tesis adoptada por el fiscal Alejandro Luzón, la defensa de los propios acusados argumentó ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 que el uso de estas tarjetas era una práctica plenamente aceptada y heredada del expresidente de Caja Madrid Jaime Terceiro entre los años 1988 y 1996, a quien señalan como el responsable de ponerla en marcha.

VIAJES, ROPA DE LUJO Y JOYAS

Los 65 cargaron a su tarjeta gastos de joyerías, tiendas de ropa, restaurantes, viajes, ropa de marca o menaje del hogar. Durante el tiempo que hizo uso de su tarjeta, Rato se benefició de estancias en hoteles de cuatro y cinco estrellas, de accesorios de Louis Vouitton, o de compras en diversos bazares (en una realizada en diciembre de 2010 abonó 2.439 euros), según se desprende del desglose de gastos.

El exvicepresidente de la entidad crediticia madrileña y exmiembro de Izquierda Unida, José Antonio Moral Santín, cuenta con cerca de 400 cargos en restaurantes si bien casi la totalidad del importe que se le atribuye corresponde a extracciones de efectivo en los cajeros. Otros, como el exconsejero nombrado por el PSOE José María de la Riva llegó a invertir en un tratamiento en una clínica de talasoterapia en 2007 un total 1.753 euros.

Compras en joyería, como la realizada por el exdirectivo Matías Amat de 10.000 euros, el gasto en más de 11.100 euros en armerías por parte del exresponsable de Empresas de Caja Madrid, Carlos Vela,o los 6.436 euros en diversos viajes que se dejó el exconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, son algunos de los importes destacados.

PENAS DE PRISIÓN

La Fiscalía Anticorrupción pide las mayores penas -por calificar de continuada la malversación- para Miguel Blesa, que gastó 436.688 euros con su tarjeta opaca y se enfrenta a una petición de condena de seis años de cárcel y multa de 108.000 euros; Rodrigo Rato, que podría ser condenado a cuatro y medio de prisión y la misma multa por el uso de 99.054 euros extraidos de su tarjeta 'black'. Para el primero de ellos solicita el pago de una indemnización de 9,3 millones de euros por los gastos autorizados entre enero de 2003 y enero de 2010 y para Rato 2,6 millones por los comprendidos entre 2010 y 2012 además de una multa de 108.000 euros para cada uno de ellos.

También pide penas de cuatro años de cárcel para el exjefe de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y dos años para el número dos de Blesa y expresidente de la Comisión de Control, Ildefonso Sánchez Barcoj, quien, según la Fiscalía era el encargado de gestionar la emisión y cancelación de las tarjetas. Están imputados miembros de los sindicatos de CC.OO y UGT, así como representantes del PP, el PSOE y el exvicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín, de Izquierda Unida, que gastó cerca de medio millón de euros.

Por su parte, el FROB solicita que Blesa sea condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel, Rato a tres años y Sánchez Barcoj a dos años y nueve meses por delitos de administración desleal y apropiación indebida. Reclama penas de entre seis meses y tres años de cárcel para el resto de acusados por apropiación indebida en grado continuo.

Bankia y BFA demandan cuatro años de cárcel para Blesa, tres años para Rato y penas que oscilan entre los tres meses y los dos años de prisión para el resto. Y, por último, la CIC solicita las mayores penas: diez años de pisión para Rato, Blesa y Barcoj y seis para el resto de procesados cuyo número se reduce a 66 aunque un total de 82 altos cargos -en su mayoría del Consejo de Administración y de la Comisión de Control-- hicieron uso de las mismas, al considerar que también incurrieron en administración desleal.

"UNA MALA PRAXIS"

Frente a ellos, solo cuatro cargos de la entidad rescatada con más de 22.000 millones de euros no hicieron ningún gasto de su tarjeta opaca, entre ellos Francisco Verdú Pons, consejero delegado de Bankia. En su declaración como testigo ante Andreu confesó que rechazó adquirir la tarjeta b cuando Rato se la ofreció al considerarlo "una mala praxis", testimonio que posteriormente el expresidente de la entidad nacionalizada negó ante los medios.

Precisamente Andreu accedió el pasado mes de junio a rebajar la fianza de tres millones de euros impuesta a Rodrigo Rato por el uso que hicieron de las visas consejeros y directivos durante su mandato en las dos entidades, entre 2010 y 2012 atendiendo a la petición presentada por su defensa -que ejerce la firma norteamericana Baker&McKenzie, que pidió a la Justicia que actuara contra aquellos que no han devuelto lo gastado.

Entre éstos está Blesa, que reclamó a principios de esta semana la autorización del juez instructor Fernando Andreu para depositar los 436.688,42 euros que cargó en su plástico. El magistrado ha dado su visto bueno este viernes, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

Otros 36 acusados entregaron antes de mediados del pasado mes de julio las cantidades gastadas. En concreto, la Audiencia Nacional había recuperado a 12 de julio 1.258.200,84 euros en efectivo entregados por 27 de los acusados. Otros nueve prestaron garantías hipotecarias por importe de 525.708,08 euros. Un total de 1,7 millones, muy lejos de los 12 millones de euros por cuyo uso serán juzgados.