Sánchez Gordillo no acude al juicio por la ocupación de Las Turquillas

Tanto Sánchez Gordillo como Cañamero y el resto de los imputados (excepto tres de ellos) permanecen en la plaza que da acceso al Alto Tribunal andaluz arropados por varios centenares de simpatizantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que, megáfono en mano, están haciendo llegar sus consignas al tribunal, ya que éstas se escuchan en la propia sala, presidida por el máximo responsable del TSJA, Lorenzo del Río.

A su llegada, Cañamero ha dicho a los periodistas que éste no se trata de un juicio por una determinada actuación "ilegal", sino que es un juicio "político" del Gobierno "contra el movimiento social y sindical más consecuente". "El Gobierno del PP quiere anular los movimientos sociales que critican su política", ha dicho el sindicalista, que ha justificado su ausencia en la sala como una "protesta" contra la "represión" que sufre el SAT.

En la misma línea, Sánchez Gordillo ha considerado que hay una "consigna a los fiscales de represión a un sindicato que no se calla, que es rebelde", y ha tildado de "barbaridad" que el Ministerio Público pida para él siete meses de prisión y la Abogacía del Estado un total de dos años de prisión.

La sesión, después de la resolución de las cuestiones previas solicitadas por los letrados personados, ha arrancado con la declaración de uno de los imputados, José R.N., que ha admitido que no tenían autorización para ocupar la finca, aunque defendiendo que la actuación se hizo de forma "pacífica" sin traspasar a la zona que era territorio militar.

La Fiscalía Superior de Andalucía solicita para Juan Manuel Sánchez Gordillo, Diego Cañamero y otro dos acusados en este procedimiento, ambos militantes del SAT, un total de siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave.

Asimismo, el Ministerio Público pide para Sánchez Gordillo, Cañamero y el resto de los acusados --un total de 52 entre militantes y simpatizantes del SAT-- el pago de una multa de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble, y 100 euros de multa por una falta de daños.

Igualmente, pide que todos los imputados paguen una indemnización de 1.075,64 euros a favor del Ministerio de Defensa y de 337 euros al Ayuntamiento de Osuna por los daños ocasionados, "sin una intención directa, a consecuencia de la ocupación", que tuvo lugar entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2012.

La petición del fiscal se conoció después de que el Alto Tribunal andaluz emitiera un auto el pasado mes de mayo en el que procesaba por tres presuntos delitos de usurpación, daños y desobediencia y una falta de hurto a los acusados, cifrando los daños causados en 794,14 euros y en 281,50 euros el valor de los objetos sustraídos.