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Jueces y fiscales han consultado en 105.000 ocasiones la base de datos notarial para luchar contra el blanqueo

Se cumplen 5 años de la existencia de la BDTR, que tiene identificados a los titulares reales de 2,2 sociedades
Los notarios españoles disponen de una Base de Datos de Titular Real (BDTR) que permite identificar a las personas ocultas tras sociedades o fundaciones aunque se escondan utilizando sociedades fantasmas y testaferros. Esta información ha sido consultada por fiscales Anticorrupción, magistrados de la Audiencia Nacional y jueces de instrucción de nuestro país en más de 105.000 ocasiones desde 2012.
Así lo ha señalado este miércoles en rueda de prensa Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado, cuando se cumplen cinco años de la creación de esta herramienta.
En esta base están identificados de manera acreditada los titulares reales de 1.678.681 sociedades limitadas, 68.937 sociedades anónimas y 35.607 asociaciones, fundaciones, partidos políticos o sindicatos. Además, 446.102 titulares reales han sido identificados como tal, ante un notario y en documento público, por los representantes de sociedades u organizaciones.
ACCESO RESTRINGIDO
El acceso a la información de la BDTR la tienen únicamente para el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarios (Sepblac), para los fines encomendados a este organismo; las autoridades judiciales, policiales, fiscales y administrativas competentes en materia de prevención del blanqueo de capitales; los notarios, en su condición de sujetos obligados en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, y otros sujetos previstos en la Ley como entidades financieras, auditoras o entidades de seguros.
También la Oficina Anti Fraude (OLAF), integrada en la Comisión Europea, tiene acceso a la información que figura en esta base según ha explicado Galindo, que ha señalado que a raíz de la inminente modificación de la Directiva Europea de Blanqueo el Consejo de Europa se muestra contrario a dotar de accesibilidad pública de este tipo de datos para no afectar al derecho a la privacidad patrimonial.
Personalmente, Galindo considera que un total nivel de transparencia sería un "error" porque supondría incentivar la mentira y complicaría la obtención de información sobre los titulares reales acreditados de las sociedades, que hoy por hoy muchas veces no coinciden con los que manifiestan que son los propietarios.
La BDTR permite acreditar la titularidad real en la mayoría de las sociedades limitadas, mientras que en el caso de las S.A. este dato es más complicado de obtener porque la ley no obliga a comunicar ante notario la transmisión de acciones. En todo caso, el porcentaje de los titulares reales de una sociedad u organización de que dispone esta base de datos supera el 60 por ciento, según Galindo.
A lo largo de sus cinco años de existencia, jueces, tribunales, autoridades policiales y sujetos obligados por Ley (notarios, entidades financieras, auditoras, aseguradoras) han solicitado más de 3.500.000 informaciones sobre los titulares reales de cientos de miles de sociedades y organizaciones, identificados en esta base.
La información contenida el ella procede del Índice Único Informatizado notarial, que es la piedra angular de los servicios de prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y fraude fiscal del colectivo notarial.
Este índice contiene más de 110 millones de documentos notariales relativos a 146 millones de operaciones realizadas por casi 40 millones de personas físicas y jurídicas.
SOCIEDADES PANTALLA
Para iniciar una actividad mercantil, lo más habitual en nuestro país es crear una sociedad de responsabilidad limitada. De hecho, y según los datos estadísticos notariales, en 2016 se constituyeron 105.629 nuevas sociedades, el 95,1 por ciento de responsabilidad limitada.
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La sociedad se dota de personalidad jurídica y se convierte en un sujeto de derecho para operar en el tráfico mercantil. Esta circunstancia es la que puede permitir utilizarla como un medio para el blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, entre otros actos delictivos.
"El blanqueador de capitales, por definición, pretende que el dinero obtenido de forma ilícita parezca que procede de actividades legales", ha señalado Galindo, que añade que los accionistas de muchas empresas son a su vez otras sociedades, lo que genera una estructura que en ocasiones hace realmente complejo llegar a conocer quién o quiénes son las personas físicas que en última instancia controlan la compañía
En aras de una mayor transparencia que permita combatir la utilización abusiva de las personas jurídicas, la Unión Europea obliga a los Estados miembros a que garanticen que la información relativa a la titularidad real de las personas jurídicas se conserve en un registro central situado fuera de la sociedad mercantil correspondiente.
"En España este registro lo hemos creado los notarios, convencidos de nuestro deber de contribuir a luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal, en beneficio de la sociedad", según ha destacado el presidente del Notariado, José Ángel Martínez Sanchíz, durante el encuentro informativo.