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Interior aclara que el perímetro de seguridad en los 'escraches' dependerá de cada caso

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negado que se haya dado una instrucción general a las Fuerzas de Seguridad para establecer un perímetro de 300 metros en las domicilios particulares de los políticos para evitar los llamados 'escraches' que vienen llevando a cabo los activistas antidesahucios. Así ha querido dejar claro que sólo se ha indicado la necesidad de fijar distancias de seguridad, cuya longitud dependerá de cada caso. Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha respaldado la propuesta porque considera "fundamental" que los representantes de los ciudadanos, que no son gobernantes, tengan "plena y absoluta libertad" y estén alejados de "cualquier elemento de presión".

Según ha explicado el ministro del Interior en los pasillos del Congreso, "la instrucción que se ha dado es adoptar las medidas operativas adecuadas para garantizar la inviolabilidad del domicilio y la intimidad personal y familiar, y se deja a los mandos que sepan interpretar, con la flexibilidad y proporcionalidad adecuada, cada caso".
"Como ministro de Interior, niego que sea una instrucción para fijar 300 metros, sólo es una instrucción para que los responsables operativos sepan actuar con la proporcionalidad y flexibilidad necesaria pero que garanticen los derechos fundamentales de reunión y manifestación, que exige una convocatoria previa, y el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio", ha insistido.
No tiene sentido una distancia "universal"
A su juicio, es "absurdo" poner la distancia en 300 con carácter general porque depende de la calle, las circunstancias o del entorno, y en función de eso las medidas operativas necesarias pueden ser "de 300 metros, de 30 o lo que sea". "Los responsables saben interpretarlo", ha añadido.
El objetivo de Interior, ha abundado, es el cumplimiento legal de la protección tanto del derecho de manifestación como del de la inviolabilidad del domicilio articular. Eso sí, ha subrayado que el ejercicio del derecho de reunión y manifestación exige una comunicación previa a la autoridad gubernativa.
"Y ninguno de esos acosos se han comunicado y por tanto en todos esos llamados escraches, que son acosos, coacciones o intimidaciones, se están violando de manera flagrante la ley de derecho de reunión y manifestación", ha recalcado.
"No hay incompatibilidad y todos los derechos tiene que ser preservados --ha afirmado--. Todos los derechos fundamentales se han de ejercer en el marco de la ley y el de reunión exige comunicación previa a la autoridad gubernativa".
Asegurar "la plena libertad de de los diputados"
Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha subrayado la necesidad de "garantizar que los diputados, que responden ante los ciudadanos, tengan plena y absoluta libertad y estén alejados de cualquier elemento de presión a la hora de emitir su voto". "A mi me parece que eso es fundamental", ha apostillado.
Gallardón ha dicho que no cuestiona que los españoles se manifiesten por su gestión como ministro de Justicia, porque es su responsabilidad como miembro del Poder Ejecutivo, y considera, además, que no sólo hay "asumir" las críticas, sino "escucharlas".
El titular de Justicia ha insistido en que los ciudadanos tienen "derecho perfecto" a protestar por la acción del Gobierno, pero ha remarcado que "cosa muy distinta" es cuando la protesta, en su caso concreto, se refiere a su condición de diputado por Madrid.
En ese caso, ha dicho, lo que se intenta, a su juicio, no es "criticar" una decisión, sino "condicionar" su voto sobre el proyecto de ley antidesahucios que se tramita en el Congreso. "Intentar que los diputados voten, no aquello que les han dicho los ciudadanos que les han votado, sino aquello que pretende una minoría mediante una acción de carácter violento, a mí me parece es absolutamente contrario a los principios democráticos", ha concluido.