Instructor caso 'Auditorio' emite un nuevo auto para aclarar los delitos por los que cita a Pedro Antonio Sánchez

Se trata, concretamente, de los delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos en referencia al proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de la sobras del auditorio de Puerto Lumbreras cuando Sánchez era alcalde de dicha localidad.

En el primer auto, que trascendió este lunes, el instructor de la causa acordaba, en su parte dispositiva, incoar diligencias previas para averiguar la comisión de un posible delito de prevaricación administrativa, únicamente.

En este segundo auto, el juez ya hace referencia a los cuatro delitos por los que se envió la exposición razonada desde el Juzgado número 1 de Lorca a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcian (TSJRM).

Pérez-Templado inicia así las diligencias en las que se investiga el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras del auditorio por presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

El juez solicita también en el auto comunicar al secretario municipal del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras que certifique y remita testimonio literal de todos aquellos documentos que conforman el expediente de Liquidación de Obra del Teatro-Auditorio Municipal.

Así como al Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca "para que remita a la mayor urgencia copia de las actuaciones que se hayan realizado o estén previstas en la pieza separada que tramita sobre los fondos de la subvención otorgada por la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras relacionada con el Teatro-Auditorio", unido a las actuaciones el informe presentado por la representación procesal de Pedro Antonio Sánchez.

Cabe recordar que a principios de mes ya se dictó un auto en el que se acordaba declarar la competencia de la Sala Civil y Penal del TSJMU para la instrucción, y en su caso, el enjuiciamiento con respecto al aforado Pedro Antonio Sánchez, en relación con los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

Asimismo, extendía la competencia de la Sala para instruir y, en su caso, enjuiciar respecto de aquellas otras personas ya investigadas por los mismos hechos.