Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

La defensa de la Infanta estudia si puede recurrirse algún elemento del auto judicial

Infanta Cristina continúa imputada por delito fiscalGTres

La defensa de la Infanta Cristina estudiará si hay partes recurribles en la decisión del juez de que la hermana del rey sea una de las personas juzgadas por el caso Nóos. El juez Castro ha acordado sentar en el banquillo de los acusados a la Infanta Cristina como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, al considerar que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente 'pantalla' de la que ambos son propietarios.

En declaraciones a la puerta del bufete Roca, el abogado Jesús María Silva ha admitido que el auto de apertura de juicio oral no se puede recurrir, pero ha añadido que en el auto se han incorporado cuestiones --que no ha concretado-- frente a las que "quizá se podrá tirar por ahí algo", en referencia a la posibilidad de que alguna de esas cuestiones se pueda recurrir.
Al preguntársele si con el auto judicial hecho público este lunes cae la versión de la infanta según la cual ella no es la responsable, Silva ha respondido: "La cuestión es si una acusación popular en un caso de delito fiscal puede sostener ella sola la acusación".
Según el abogado, "el juez, en lugar de adoptar un criterio de una sentencia del TS, ha tomado el criterio de los votos particulares, y esta es una cuestión jerárquicamente discutible".
El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, José Castro, ha acordado sentar en el banquillo de los acusados a la Infanta como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, al considerar que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente pantalla de la que ambos son propietarios.
Así lo ha decidido en el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos, en el que finalmente ha resuelto no aplicar sobre la Duquesa de Palma la denominada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para la hermana del Rey Felipe VI.