Illa (PSC) plantea a Puigdemont que convoque él las elecciones o vaya al Senado

El secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha propuesto este sábado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que convoque él unas elecciones o que comparezca en el Senado, la cámara adonde acudirá el Gobierno central para que vote la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Carta Magna.

Illa a leído una declaración del PSC ante los periodistas, después de que el presidente del Gobierno haya anunciado que pretende convocar elecciones en Cataluña y que planteará al Senado el cese de todo el Govern.

El dirigente socialista cree que Puigdemont tiene dos opciones, una de los cuales es convocar elecciones para que los catalanes puedan decidir "con garantías" el camino de la política catalanas para los próximos años.

La segunda opción es aprovechar que el Senado debe tramitar la aplicación del 155 que plantea el Gobierno central: Puigdemont puede comparecer y "ofrecer, sin condiciones previas y garantizando un retorno a la legalidad, un diálogo".

Para el PSC, debe plantearse un diálogo "que pueda llevar al establecimiento de un pacto de Estado" sobre Cataluña.

Illa ha asegurado que su partido seguirá defendiendo a Cataluña y trabajando por este acuerdo político "hasta que el Senado apruebe las medidas" propuestas por el Gobierno central.

Además, el PSC ha comunicado al PSOE que "hay que restablecer la legalidad y el marco del estado de derecho en Cataluña" y que conviene convocar elecciones catalanas cuanto antes.

"YA ADVERTIMOS HACE MUCHO"

Salvador Illa ha recordado que los socialistas avisaron de "los riesgos de poner las instituciones catalanas fuera de la ley", como considera que pasó en el Parlament al aprobarse las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica.

El PSC lamenta que este sábado haya llegado su advertido "choque de trenes" y sus consecuencias para Cataluña, que califica de nefastas.

Y ha acusado a Puigdemont y a su vicepresidente, Oriol Junqueras, de deteriorar la economía y arriesgar tanto los puestos de trabajo como las convivencia de los catalanes, al poner "fuera de la ley" las instituciones catalanas.