Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Ignacio González, de presidente a preso preventivo

Otro político más entre rejas. Así llegaba anoche a la cárcel de Soto del Real Ignacio González, en prisión por recibir presuntas comisiones y desviar fondos públicos. Es lo que investiga la ’Operación Lezo’, la misma que, primero, le llevó esta semana detenido a los calabozos, después a los registros de su despacho y de su casa y ahora le lleva a la cárcel. El auto de prisión del juez Velasco deja nuevos detalles. Ignacio González habría utilizado presuntamente a la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid y este ente público habría inflado contratos para que con la diferencia de dinero se pagasen las campañas electorales del PP de Madrid. Lo gestionaba, presuntamente, José Martínez Nicolás. Indra, era la empresa que, supuestamente, recibía esos contratos y hacía esos pagos. En los comicios de 2007, asumió más de un millón de euros de mordida. Casi tres millones pagó supuestamente al PP madrileño en las elecciones de 2011. González trabajaba, según el auto, con facturas ficticias y manejaba de continuo dinero en efectivo. Utilizó de forma fraudulenta la gestión de guarderías públicas y habría adjudicado el campo de golf de Chamberí, para beneficiar a su hermano y a su cuñado. El auto de prisión apunta también que González planeó una estructura financiera a largo plazo en América Latina para canalizar capitales junto a Eduardo Zaplana. El Juez Velasco tiene sospechas de enriquecimiento personal ilícito de Ignacio González. La investigación abre, además, otra variante: la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Lo nuclear del caso parte de  la empresa municipal de aguas, Canal de Isabel II. Compraba empresas en Brasil y Colombia por cinco veces su valor. Y el sobrepago volvía a manos de los miembros de esta supuesta trama, blanqueado y en forma de comisiones. Solo con una de esas operaciones, la trama habría desvió más de 23 millones de euros a cuentas bancarias en paraísos fiscales. Cada movimiento era gestionado por Edmundo Rodríguez, expresidente de Inassa, la filial del Canal Isabel II en América. Su nombre apareció en los papeles de Panamá y Cristina Cifuentes forzó su salida e informó a la Fiscalía de posibles irregularidades. Ahora, como González, Edmundo Rodríguez está en la cárcel de Soto del Real sin fianza.100.0000 euros tendrá que pagar Javier López Madrid, consejero de la constructora OHL. Por mordidas que alcanzaron casi millón y medio de euros para la adjudicación del tren de Móstoles a Navalcarnero. Los testaferros de la trama eran próximos a Ignacio González, entre ellos, su hermano, Pablo, para quien el juez pide una fianza de 4 millones de euros. Medidas cautelares también para el cuñado de Ignacio González. Tendrá que pagar 100.000 euros si no quiere ir a la cárcel. El juez atribuye al entramado delitos como blanqueo, prevaricación, malversación o fraude.