IU quiere que el Tribunal de Cuentas fiscalice cómo gestionan el Gobierno y las autonomías el dinero de la dependencia

IU ha registrado esta solicitud, que firman el portavoz adjunto de Unidos Podemos, Alberto Garzón, y los diputados pertenecientes a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Eva García Sempere (IU) y Segundo González (Podemos), tras conocerse que una mayoría del citado organismo decidió no fiscalizar el cumplimiento efectivo de la Ley de Dependencia, al menos en 2017 y 2018.

El pasado miércoles, tres consejeras del Tribunal de Cuentas, María Dolores Genaro, Enriqueta Chicano y Maria Antonia Lozano, propuestas por el PSOE, manifestaron su desacuerdo con el Pleno --formado por doce consejeros y el fiscal-- por no incluir en el Programa de Fiscalizaciones de 2017 la revisión del grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por este órgano hace más de tres años sobre la gestión económico-financiera y de la aplicación de la conocida como Ley de Dependencia.

Para la portavoz de IU en la citada comisión, Eva García Sempere, resulta "escandaloso" que ni la ciudadanía ni las formaciones políticas puedan tener información de primera mano de la manera en que se gastan importantes cantidades de dinero público destinado a un sector tan vulnerable como el de las personas dependientes, y todo porque así lo han decidido los consejeros del Tribunal de Cuentas "propuestos por el PP".

POR LAS "CHAPUZAS Y FLAGRANTES INCUMPLIMIENTOS"

Sempere considera que "las reiteradas chapuzas y flagrantes incumplimientos" en la ejecución de la Ley de Dependencia por parte del Gobierno y por un número "significativo" de comunidades recibe de esta forma "el amparo indirecto" del Tribunal de Cuentas, "al impedir conocer con exactitud cómo se gestiona y controla el dinero destinado a los dependientes".

De ahí que con esta iniciativa lo que se busca es que los grupos parlamentarios apoyen, dada la importancia de la cuestión, su propuesta para que el Tribunal de Cuentes audite el gasto público que realmente se realiza desde las distintas administraciones para atender a personas amparada por la Ley de Dependencia.

En concreto, el texto registrado especifica que esa auditoría deberá analizar "las medidas de gestión y control adoptadas por las administraciones públicas para la aplicación de dicha ley en la concesión de ayudas a las personas dependientes".

"Queremos que no haya ninguna zona de sombra desde ningún organismo para poder cumplir así con la labor de control de la gestión de las cuentas públicas que tenemos encomendada por la ciudadanía", ha justificado Sempere.

TAMBIÉN A LA IGLESIA

Esta solicitud se plantea justo dos días después de que Unidos Podemos y también el PSOE exigieran en el Congreso que el Tribunal de Cuentas fiscalice el 0,7% de la casilla del IRPF destinada a la Iglesia Católica.

Estas propuestas llegaron después de que cinco consejeros del Tribunal de Cuentas, propuestos por el PSOE, reclamaran que se llevase a cabo esta fiscalización a través de dos votos particulares presentados al programa de Fiscalización para 2017. El Pleno del organismo --compuesto por doce consejeros más el Fiscal--, aprobó el programa el pasado 22 de diciembre y en el que no se incluye esta petición.

Esto fue así, según IU, por la mayoría con la que cuentan los consejeros nombrados por el PP en el Tribunal de Cuentas, quienes, según ha criticado, están interesados en que el citado órgano "no ejerza ningún control" sobre estos fondos públicos, que alcanzan una media anual cercana a los 250 millones de euros.