Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Homs declara cerca de dos horas ante el juez Palomo

El portavoz del de la antigua Convergència (CDC) --ahora Partir Demòcrata Català (PDC)--en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs, ha declarado cerca de dos horas ante el magistrado del Tribunal Supremo Andrés Palomo acusado de presunta desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos al organizar consulta catalana del 9-N.
Al término de la declaración ni Homs ni su abogado Sergi Blazquez han querido realizar comentario alguno y el diputado se ha montado en un coche rumbo a la sede del Govern en Madrid, el centro cultural Blanquerna, donde había convocado una rueda de prensa.
A las puertas del Supremo no había entonces nadie para arroparle, al contrario de lo que ha ocurrido pocas horas antes, cuando Homs ha llegado acompañado por líderes del partido refundado como la vicepresidenta del partido, Neus Munté; la coordinadora general del partido, Marta Pascal; exconsejeros como Irene Rigau, Santi Vila, Meritxell Borràs, el presidente del Grupo Parlamentario de Junts Pel Sí, Jordi Turull, o el exalcalde de Barcelona Xavier Trías, entre otros representantes institucionales del partido, así como de diputados de Podemos, PNV y Esquerra Republicana.
El Ministerio Público, que es el único que acusa en esta causa, considera que Homs tuvo un papel de indudable relevancia en la preparación de la convocatoria y basa su postura en la existencia de una carta con la que exconseller de Presidencia responde a la empresa contratada para diseñar los programas informáticos para las votaciones y que había solicitado a la Generalitat la confirmación de que sus servicios no vulneraban la suspensión del Tribunal Constitucional.
En esta misiva, Homs no solo legitima la continuación de los servicios sino que se advierte "de las consecuencias de un eventual incumplimiento por la contratista" ya que pone a disposición del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) los servicios jurídicos del Govern para ejercer acciones contra dicha empresa.