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El Govern ve "normal y muy necesario" que los funcionarios pidan fiesta para apoyar a Mas

La consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat, Meritxell Borràs, ha afirmado este martes que vería "normal y muy necesario" que los funcionarios catalanes pidan fiesta el 6 de febrero para apoyar al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a las exconselleres Joana Ortega e Irene Rigau antes del juicio por la organización del proceso participativo del 9N.
En una entrevista en el diari 'Ara' recogida por Europa Press, Borràs ha asegurado que "lo que tiene volumen y fuerza es la voluntad de la gente", al preguntársele sobre el posible 'choque de trenes' entre el Gobierno central y la Generalitat por la eventual convocatoria de un referéndum de independencia.
"Hemos demostrado que hay millones de personas al lado de este proceso", ha destacado en referencia a las manifestaciones independentistas, y ha recordado que las encuestas cifran en un 80% el apoyo a la opción del referéndum para decidir el futuro político de Catalunya.
La llamada a la movilización ante las puertas del tribunal donde se juzgue a Mas, Ortega y Rigau y la petición de que los trabajadores con obligaciones laborales pidieran el día libre para concentrarse surgió de las entidades soberanistas (ANC, Òmnium Culltural, AMI y AMC) la pasada semana durante la presentación de la movilización.
Mas, Ortega y Rigau serán juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) desde el 6 de febrero hasta el día 10, acusados de presuntos delitos de prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional (TC).
PRESUPUESTOS Y REFERÉNDUM
Borràs ha explicado que vería positivamente la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat porque incluyen una partida para la celebración del referéndum y hay un compromiso con la ciudadanía y, a su juicio, un 'no' de la CUP a las cuentas sería un "fracaso".
Ha añadido que el Govern seguirá insistiendo en pactar un referéndum con el Gobierno central y ha comentado que la Generalitat está trabajando para dar "seguridad jurídica" a los funcionarios y para utilizar el voto electrónico en una eventual consulta sobre la independencia.