El fiscal pide la citación de González Pons y del Conde de Fontao como testigos

El representante del Ministerio Público ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma en el que, además de la declaración de González Pons y Romero, pide la comparecencia de una treintena de personas más, con el objetivo de encauzar la recta final de la instrucción de la causa. Entre ellas no se encuentran ni el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ni la alcaldesa de la capital levantina, Rita Barberá, tal y como han indicado las mismas fuentes.

En concreto, la solicitud relativa a Romero proviene de las afirmaciones arrojadas ante el juez, el pasado 16 de febrero, por Diego Torres, exsocio del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, así como de la numerosa documentación aportada por el imputado, de las que se deriva que Romero habría recomendado al marido de la Infanta Cristina guardar las apariencias si seguía con los negocios tras abandonar el Instituto Nóos por orden del Rey Don Juan Carlos.

De hecho, en uno de los emails entregados por Torres al juez, a los que tuvo acceso Europa Press, el Duque solicitaba la colaboración de Romero a la hora de dar impulso a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), considerada sucesora de Nóos y constituida en diciembre de 2006, cuando habían pasado ocho meses de la teórica desvinculación del Duque de sus negocios después de que así se lo ordenase el Rey.

Es más, en otro correo Urdangarin transmitía a Torres haber informado a Romero del arranque de la Fundación y haberle solicitado su colaboración "para hacer crecer este proyecto a nivel de mecenazgo como de asesor".

No obstante, el abogado negó, en un comunicado haber prestado "asesoramiento jurídico" en los trámites de constitución de la FDCIS más allá de haber aconsejado a Urdangarin que si quería estar vinculado a ella se limitara a ser miembro de su consejo asesor, nunca de su órgano de gobierno.

Romero sostenía así que su intervención en relación a los negocios del Duque se limitó básicamente a aconsejarle que hiciera una separación "entre las actividades mercantiles y las relativas al fomento social del deporte", disolviera la Fundación Areté que creó con Torres en 2006 al ser una "reproducción" del esquema de Nóos y se limitara a figurar como miembro del consejo asesor en la FDCIS.

En el caso de González Pons, el dirigente 'popular' ya fue citado a declarar por el juez en mayo del pasado año, si bien finalmente su comparecencia fue suspendida y quedó pendiente de nueva fecha. En concreto, los investigadores quieren interrogarle en torno al convenio de 23 de diciembre de 2005 con el Instituto Nóos, en virtud del cual esta entidad se comprometía a colaborar en la preparación de la candidatura de la Comunidad Autónoma como sede de la I edición de unos Juegos Europeos que nunca llegaron a celebrarse.

Nóos percibió 382.000 euros por unos inexistentes juegos europeos

En concreto, en el convenio, al que tuvo acceso Europa Press, aparecen plasmadas las firmas de González Pons en calidad de consejero delegado de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, del exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y de Torres. El acuerdo contemplaba el pago de seis millones de euros en favor de la entidad presidida entonces por Urdangarin, si bien finalmente acabó percibiendo, a través de la Presidencia de la Generalitat, 382.203 euros por un evento inexistente.

Y es que, tal y como rezaba el convenio suscrito con Nóos por la Generalitat, los objetivos del mismo pasaban por el diseño de "un gran evento polideportivo de carácter internacional y de nueva creación, cuya primera edición se dispute en Valencia, que permita potenciar y proyectar la imagen de la Comunidad Valenciana en el mundo como referente en la organización de grandes eventos deportivos", denominado genéricamente Juegos Europeos.

Sin embargo, nada de lo que contemplaba el documento se llevó finalmente a cabo -contratación de asesores conocedores de la problemática olímpica de 45 países, confección del dossier de la candidatura, favorecer la presencia del proyecto en foros internacionales-.

Recientemente, el juez instructor del caso Nóos admitió la personación de la Generalitat Valenciana en calidad de actora civil, de forma que, si bien no ejercerá acciones penales contra los imputados de la causa, sí podrá reclamar las cantidades que supuestamente fueron malversadas por el Instituto Nóos en virtud del convenio rubricado.