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El Gobierno catalán se volcará en apoyar a Forcadell el día de su declaración ante la justicia

Afirma que una inhabilitación de la presidenta obligaría al soberanismo a dar una "respuesta"
La "práctica totalidad" de los miembros del Govern acudirán el viernes a apoyar a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, antes de que declare ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por la querella que pesa sobre ella por haber permitido el debate parlamentario sobre una resolución soberanista.
Lo ha explicado la portavoz del Govern, Neus Munté, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, donde ha precisado que falta "concretar" qué harán ese día el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, para evidenciar su apoyo a la presidenta.
"Nuestro apoyo a Forcadell es total y absoluto y la presidenta lo sabe", ha continuado Munté, que ha cargado contra la judicialización del proceso soberanista que, a su juicio, ha impulsado el Gobierno central contra cargos electos como Forcadell o el expresidente Artur Mas.
Así, el viernes, todos los consellers que "puedan" acudirán a apoyar a Forcadell en las concentraciones convocadas, mientras que el Ejecutivo tiene que perfilar aún qué clase de apoyo le brindarán el presidente Puigdemont y el vicepresidente Junqueras.
Las entidades soberanistas han convocado el viernes a los cargos electos a las 8 horas frente al Parlament para avanzar en comitiva hacia la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y, a las 9 horas, han convocado a los ciudadanos a que asistan frente a la sede de este tribunal.
¿CAMBIOS EN LA HOJA DE RUTA?
Munté no ha querido entrar a valorar si una posible inhabilitación de Forcadell supondría cambios en la hoja de ruta soberanista en la línea de acelerar el calendario de convocatoria del referéndum, previsto para septiembre de 2017: "No vale la pena obsesionarse con el calendario".
La portavoz sí que ha valorado que, en el caso de que haya inhabilitación a la presidenta, los soberanistas deberían sentarse y "consensuar una determinada respuesta" frente a lo que considerarían un hecho gravísimo del Gobierno central y de la justicia.
"Si se produjera un hecho tan grave como una inhabilitación, lo que haríamos sería sentarnos los diferentes actores, analizar la situación y decidir qué respuestas tenemos que dar. A día de hoy trabajamos con el calendario previsto", que es el de convocar el referéndum en septiembre de 2017.