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Gobierno valenciano asegura que la oficina de derechos lingüisticos no será una "policía"

El conseller valenciano de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha defendido este miércoles ante el pleno de las Corts la necesidad de crear una oficina de derechos lingüísticos para detectar situaciones de discriminación e impulsar la normalización del uso del valenciano y ha asegurado que no se trata de conformar "ningún comisariado o policía lingüística". "No le vamos a decir a nadie qué lengua hablar en su casa, no lo pone en ningún sitio ni lo pondrá", ha asegurado.
Así se ha pronunciado Marzà durante su comparecencia, solicitada por el grupo popular y Ciudadanos, para explicar el borrador del decreto que regula esta nueva oficina, que nace con la pretensión de ser útil para la ciudadanía y no con la de "dividir" a valencianoparlantes y castellanoparlantes.
"No es una excentricidad; es fruto, desgraciadamente, de una necesidad", ha subrayado el conseller, que ha recordado que tanto el Estatuto como la Llei d'Ús i Ensenyament hablan de garantizar el uso normal y oficial de las dos lenguas oficiales, implantando las medidas necesarias para conseguirlo.
Según ha lamentado, esa cooficialidad legal "no se corresponde en absoluto con la realidad" porque los valencianoparlantes padecen situaciones de desigualdad e incluso discriminación --ha relatado algunos ejemplos-- como lo advierte el propio Consejo de Europa en su último informe, que recomienda al Gobierno "una cosa tan radical como que haya competencia lingüística en la administración pública".
De esa situación de inferioridad del valenciano, ha proseguido Marzà, nace la necesidad de esta oficina, que ejercerá un papel de mediación entre las administraciones, empresas y ciudadanía y que no tiene vocación punitiva. Así, atenderá reclamaciones relacionadas con la vulneración de derechos lingüísticos, consultas sobre los mismos y contribuirá a sensibilizar sobre esos derechos y a establecer colaboración entre instituciones para asegurar el respeto de las lenguas.
Ha criticado que haya quienes --dirigiéndose al PP-- no vean necesaria su llegada, pero ha mostrado su esperanza en que, como ocurrió en el caso del divorcio o el matrimonio homosexual, ante los que se opusieron pero ahora hacen uso, con el tiempo también cambien de parecer.
Marzà ha afirmado también que no va a tolerar que "absolutamente nadie vuelva a insinuar" que discrimina al castellano y que no le gusta: "Es la lengua de mis abuelos y también es la mía, es recurrente ese mensaje y llega, incluso, a doler. La quiero tanto como otras lenguas que hablo, eso que quede bien claro". No obstante, ha incidido en que quienes sufren la discriminación son quienes utilizan la lengua minorizada, el valenciano, por lo que es a esta a la que se concede especial protección.
Además, ha pedido al PP que no recurra "siempre al mismo argumento" de la vulneración de derechos del castellano porque, igual que con la Llei d'Ús que Alianza Popular criticó en su momento, con esta oficina "no se acaba el mundo", y también les ha recriminado: "Prefieren que seamos valencianocallantes".
La 'popular' María José Ferrer ha preguntado cuántos casos concretos de hostilidad se han cuantificado para justificar "esta nueva estructura que puede ser una nueva agencia de colocación" y ha censurado que se generalice la existencia de este tipo de hechos, ya que es "una falta de respeto al pueblo valenciano" y a su carácter, que no es agresivo, ha defendido.
"NO A LAS IMPOSICIONES"
Asimismo, ha alertado de que este decreto, "si sigue así podría ser ilegal" e incluso infringir la doctrina del Tribunal Constitucional, ya que es "ideológico" y sigue "el ideario catalán" y no opta "por la convivencia pacífica de lenguas". "No a las imposiciones, basta ya, libertad", ha concluido.
Al respecto, el conseller ha señalado que si pasa los filtros jurídicos este decreto será conforme a derecho y también ha indicado que más allá del número de casos de discriminación lingüística, haya 82 o haya uno, "son derechos".
La diputada de Ciudadanos Mercedes Ventura le ha pedido que trabaje contra la discriminación de las dos lenguas cooficiales y ha reprochado que "haga de la excepción una norma" porque hay "problemas más graves que el Consell no ha solucionado". "Me recuerda a Galileo Galilei, porque piensa que todos los problemas de la Comunitat Valenciana giran en torno al valenciano", ha señalado, para recordar que "no se puede imponer la superioridad de una lengua sobre la otra".
Desde Compromís, Josep Nadal le ha mostrado su apoyo porque "el tiempo de 'háblame en cristiano' debe pasar a la historia" y ha recordado cómo su abuela Isabel, de 90 años, tuvo poco antes de morir que hablar en castellano, una lengua que no dominaba, a un médico que llevando 20 años en Dénia no sabía valenciano. "Hay quienes no entienden otra relación que no sea la de subordinación perpetua", ha lamentado.
Por su parte, la socialista Ana Besalduch ha valorado la labor que realizará esta oficina y ha criticado que haya sectores que "prefieren seguir usando el valenciano como arma de confrontación", mientras que Cristina Cabedo (Podemos) ha respaldado esta iniciativa porque en la actualidad hay una lengua que no tiene un uso normalizado.