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El Gobierno renunciará a las escuchas sin orden si no encajan en la Constitución

Jorge Fernández DíazEFE

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que el Gobierno renunciará a su propuesta de aumentar los casos en que se permite la intervención de las comunicaciones sin autorización judicial si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concluye que no tiene encaje constitucional, tal como dice el dictamen aprobado. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que el Gobierno está "dispuesto a negociar" con las fuerzas políticas su propuesta para ampliar los delitos en los que la Policía puede intervenir las comunicaciones sin autorización judicial previa.

"Si el CGPJ considera que no tiene pleno encaje constitucional le puedo asegurar que renunciamos a esa iniciativa", ha dicho en una entrevista en la Cope recogida por Europa Press. "Ni el Ministerio de Interior ni el de Justicia tenemos intención de seguir adelante, promover o imponer una iniciativa que tenga la más mínima duda de su adecuado encaje constitucional", ha añadido.
Según ha dicho, la Ley de Enjuiciamiento Criminal actual ya prevé que el ministro del Interior pueda intervenir las comunicaciones sólo por supuestos terroristas durante 72 horas antes de comunicárselo a un juez. "Otra cosa es que cuando se aprobó esa Ley el smartphone no existía y hay que adecuar esa situación a la nueva realidad", ha apostillado.
El ministro ha defendido implementar una serie de medidas para la lucha contra el terrorismo yihadista ya que, a su juicio, el Código Penal vigente ha dado los "instrumentos suficientes" para derrotar a una banda terrorista convencional como los GRAPO o ETA, pero ha añadido que no es suficiente para derrotar el terrorismo yihadista, "un terrorismo no convencional donde se diluye la pertenencia a la banda, donde Internet juega un papel fundamental para la comisión de delitos, para las radicalizaciones, la captación...". "Necesitamos adaptar el Código Penal", ha sentenciado.
CONFÍA EN EL APOYO DEL PSOE
Fernández Díaz sostiene que la voluntad del Gobierno es acelerar su aprobación cuanto antes y ha confiado en que lograrán ponerse de acuerdo con el PSOE al tratarse de un asunto de Estado. "Si hemos sido capaces de ponernos de acuerdo los países, ¿como no vamos a ser capaces los dos partidos más importantes de España?", ha comentado. En cualquier caso, ha recordado que las medidas saldrán adelante igualmente: "Tenemos mayoría absoluta para aprobarlos, pero sería muy bueno que el PSOE se sume".
Una de las medidas que el ministro defiende es el llamado PNR, es decir, los ficheros de viajeros en avión. Ha explicado que "no es una medida de control de fronteras", sino que tiene por finalidad la "prevención e investigación de eventuales delitos terroristas". Consiste en "aportar unos datos a un banco de datos basados en perfiles de riesgo que debidamente cruzados establecen las garantías necesarias para prevenir e investigar un delito terrorista".
Según ha dicho, "la intimidad está debidamente garantizada porque sólo tienen acceso los investigadores criminales. Los datos no van a estar basados en motivos religiosos ni de raza, son datos sobre si ha facturado o no, si viaja sólo o no, o como ha pagado el billete".
"El CGPJ nos ha dicho que desconfía de que tenga visos de inconstitucionalidad, vamos a ver qué dicen la Fiscalía y el Consejo de Estado y si es así y en el consenso con las fuerzas políticas se convierte en un elemento de tensión seguramente nos plantearemos una modificación", ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.
DISPUESTOS A NEGOCIAR
"El CGPJ nos ha dicho que desconfía de que tenga visos de inconstitucionalidad, vamos a ver qué dicen la Fiscalía y el Consejo de Estado y si es así y en el consenso con las fuerzas políticas se convierte en un elemento de tensión seguramente nos plantearemos una modificación", ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.
El titular de Justicia ha asegurado que el Gobierno quiere el consenso con otras fuerzas políticas y no pretende "forzar las cosas hasta el punto de la irracionalidad", pero ha defendido la intención del Gobierno de extender a otros delitos, aparte del terrorismo, la posibilidad de que las fuerzas de seguridad intercepten conversaciones sin autorización judicial --pero pidiéndola en un plazo de 24 horas--.
En su opinión, las fuerzas de seguridad también deberían poder hacerlo en casos de delitos graves asociados a bandas organizadas o a trata de mujeres o menores. El CGPJ considera que no es constitucional ampliar a otros delitos, aparte del terrorismo, esta posibilidad.
Catalá ha reconocido que no le consta que ningún juez se haya negado a autorizar unas escuchas en una investigación de este tipo y que se tarda "muy poco tiempo" en recabar la autorización, pero ha defendido que ese tiempo "puede ser muy eficaz" en la investigación.