El Gobierno analiza las preocupaciones de los españoles en Reino Unido que temen perder sus derechos tras el Brexit

El Gobierno ha analizado este miércoles un informe que recoge las preocupaciones de los españoles en Reino Unido que temen perder sus derechos tras el Brexit, al tiempo que ha acordado intensificar la colaboración con comunidades y ayuntamientos para informar del estado de las negociaciones a los ciudadanos, especialmente a los británicos que viven en España.

Así lo han asegurado a Europa Press fuentes de Moncloa tras la reunión de la Comisión Interministerial para el seguimiento de la propuesta de salida de Reino Unido de la UE que ha presidido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. A la reunión han asistido también el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez de Castro, y representantes de casi todos los ministerios.

Durante el encuentro se ha realizado un análisis preliminar de la propuesta británica sobre los derechos de los ciudadanos comunitarios después de la salida, subrayando las prioridades, para trasladarla al grupo negociador de la UE que lidera el exministro francés Michel Barnier, han indicado las fuentes consultadas.

Además, en la cuestión relativa a los derechos de los ciudadanos se ha acordado "intensificar" la información que se está facilitando a ayuntamientos y comunidades para que la puedan trasladar a los británicos, dado que en España hay núcleos urbanos con un elevado número de número de ciudadanos de Reino Unido. "ESPAÑOLES EN REINO UNIDO-SURVIVING BREXIT"

En la reunión de la Comisión Interministerial también se ha analizado "positivamente" un documento con las preocupaciones de los españoles que residen en Reino Unido tras el Brexit y que ha elaborado una plataforma llamada 'Españoles en Reino Unido. Surviving Brexit', que se define "apolítica" y que dice contar con más de 4.500 miembros (estudiantes, familias y profesionales).

Esta plataforma pide a España y el resto de gobiernos europeos que, en la negociación, defiendan "la equidad, simetría y no discriminación de los derechos" y que estos sean "vitalicios, completos e indivisibles" y que solo se pase a la siguiente fase de negociación una vez que se hayan acordado los derechos de los ciudadanos de forma "final y vinculante".

Este colectivo apoya la propuesta de la UE pero manifiesta un "rotundo rechazo" ante la publicada por Reino Unido el 26 de junio, por su falta de claridad pero también por el método que propone: lo que piden es un reconocimiento automático de sus derechos, sin que se les obligue a hacer más trámites y que se tenga en cuenta especialmente en el caso de los ciudadanos que ya tienen una tarjeta de residencia permanente.

También reclaman que se garanticen en su totalidad los derechos recogidos en la directiva 2004/38 de libre circulación de familiares y rechazan cualquier propuesta que limite la jurisdicción sobre sus derechos a los tribunales nacionales británicos, excluyendo al Tribunal de Justicia de la UE.

En concreto, rechazan que Reino Unido quiera imponer a millones de ciudadanos nuevos trámites para conseguir el estatus de "asentado", sin aclarar qué tipo de documento y qué tasa va a imponer, especialmente a aquellos que ya han rellenado una solicitud de 85 páginas para ser residentes permanentes.

Y quieren más garantías para los familiares y los mismos derechos para los que residan en Reino Unido antes de la salida que para los que lleguen después, ya sean ciudadanos de la UE o no comunitarios.

Algunas de estas preocupaciones coinciden con los puntos débiles identificados por los Veintisiete en la propuesta de Londres, entre ellas que no haya un control europeo de los derechos de los ciudadanos comunitarios-- se prevé dejarlo en manos de los tribunales británicos --y el hecho de que la UE concede a sus ciudadanos más garantías que Reino Unido a los propios británicos en asuntos como la reagrupación familiar.

Este colectivo sí ve un punto positivo en la oferta británica: que se mantengan las ayudas y subvenciones a los menores, las garantías sobre las pensiones y el reconocimiento de las titulaciones profesionales. En cambio, no están de acuerdo con la supuesta eliminación del requisito de un seguro médico privado para pedir la residencia permanente porque, según destacan, Londres quiere cambiarlo por un requisito más complejo y discriminatorio (el test de conducta y criminalidad que consideran poco claro).