El Gobierno enmarca en la "normalidad" la sentencia del 9N y dice que evidencia que el Estado de Derecho funciona

El Gobierno de Mariano Rajoy ha enmarcado este lunes en la "normalidad" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la consulta del 9 de noviembre y ha señalado que la decisión del tribunal muestra que el Estado de Derecho funciona, han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

En concreto, el TSJC ha condenado al expresidente de la Generalitat Artur Mas a dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta del 9 de noviembre y a multa de 36.500 euros.

Además, el tribunal condena a la exvicepresidenta Joana Ortega a un año y nueve meses de inhabilitación y a la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau a un año y seis meses también por los delitos de desobediencia, pero en su caso como colaboradoras necesarias. Eso sí, los tres quedan absueltos de prevaricación administrativa.

INCUMPLIR LA LEY TIENE CONSECUENCIAS

Fuentes de Moncloa han admitido que no es "agradable" ver que una persona que ha tenido responsabilidades políticas al frente del Gobierno catalán sea condenada con inhabilitación, pero la ley es "igual para todos".

En este sentido, las mismas fuentes han subrayado que incumplir la ley tiene "consecuencias" para todos los ciudadanos y han señalado que en la decisión del tribunal hay un funcionamiento "normal" de la Justicia y del Estado de Derecho.

Tras insistir en que se ha aplicado la ley a través de una Justicia democrática, fuentes del Ejecutivo han puesto de relieve el "pataleo" que han exhibido algunos dirigentes nacionalistas e independentistas tras conocer la decisión del tribunal y que muestra que no han aceptado su "derrota judicial".

Después de que Artur Mas haya anunciado que recurrirá hasta el final la sentencia sobre la consulta del 9 de noviembre, el Gobierno ha señalado que está en su derecho a hacerlo y añadido que el Estado de Derecho permite ese derecho a defenderse.

Artur Mas ha afirmado que tanto él como Joana Ortega e Irene Rigau, recurrirán la sentencia hasta las últimas instancias --que augura que serán incluso las europeas-- porque está "cogida con fórceps desde muchos puntos de vista". Además, ha dicho que en España se persigue a la gente por sus ideas y que se debe "inhabilitar" a Rajoy si la ley es ecuánime, porque incumple con el TC.