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El Gobierno autoriza renovar la reserva formulada por España del Convenio penal sobre corrupción

Pretender mantener el bloqueo para determinadas infracciones cometidas por españoles en el extranjero
El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes la renovación de la reserva formulada por España al Convenio penal sobre la corrupción aprobado por el Consejo de Europa en 2010. Dicha reserva permite a cualquier Estado firmante del documento no aplicar, conforme a sus normas internas, determinados preceptos incluidos en este acuerdo.
La renovación se encuentra en el marco de lo establecido en el artículo 37 de dicho Convenio que autoriza la formulación de reservas durante tres años desde su entrada en vigor, que podrán ser renovadas por periodos de igual duración. La vigencia de la última renovación finalizó el pasado 1 de agosto y se prorrogó durante seis meses, es decir, hasta el 1 de febrero de 2017.
Si la prórroga expira sin renovación, posteriormente no habrá posibilidad de formular una nueva reserva. El Gobierno ha considerado favorable mantener este bloqueo en virtud del requisito de la doble incriminación para perseguir y castigar las infracciones realizadas por españoles en el extranjero por hechos punibles tipificados como tales por la legislación del país en el que se haya cometido.
NO AFECTA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES
Dicho convenio fue ratificado por España el 28 de abril de 2010 y entró en vigo el 1 de agosto del mismo año. El objetivo es que los Estados miembros tipiquen como delitos la serie de conductas relacionados con la corrupción como el cohecho, el tráfico de influencias o el blanqueo de capitales.
La reserva se refiere a delitos que son cometidos por autoridades españolas o miembros de los parlamentos. La normativa señala que no afecta a la competencia de los tribunales españoles en la persecución de los delitos de corrupción entre particulares y en las transacciones económicas internacionales.
El acuerdo, además, expresa que se reconozca la responsabilidad de las personas jurídicas, la creación de órganos especializados en la lucha contra la corrupción y la cooperación internacional contra este tipo de delitos. Francia, Suecia, Holanda, Dinamarca, Suiza, Italia, Bélgica y Reino Unido son otros de los países que cuenta con este tipo de reserva.