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El Gobierno aprueba continuar con la extradición del presunto 'cerebro financiero' de la trama corrupta de Petrobras

El Gobierno ha aprobado este viernes en Consejo de Ministros, a petición del ministro de Justicia, Rafael Catalá, seguir con el proceso de extradición del 'cerebro financiero' de la trama de corrupción de la Petrolera Brasileña Petrobras, Rodrigo Tacla Durán, detenido en Madrid el pasado 18 de noviembre.
Las autoridades brasileñas reclamaron su entrega para su enjuiciamiento por presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y asociación criminal. Tacla Durán, con doble nacionalidad y en prisión provisional, se encuentra inmerso en la investigación del escándalo de corrupción en la empresa semiestatal Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), que derivó de la operación 'Lava Jato'.
Según ha informado el Ministerio de Justicia en un comunicado, la policía brasileña determinó la existencia de un cártel compuesto por algunas de las grandes empresas constructoras del país al que se relacionó con sobornos a políticos y dirigentes de Petrobras. Entre los años 2011 y 2013, el reclamado recibió de estas empresas más de 50 millones de reales brasileños (14.684.500 euros).
Tacla Durán fue detenido en un céntrico hotel de Madrid tras haber llegado días antes desde Estados Unidos, país en que se había ocultado tras su huida desde Brasil en abril de 2016. De ahí había viajado a España, donde fue localizado y detenido por los agentes del Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al pesar sobre él una Orden Internacional de Detención para ser extraditado a Brasil.
El reclamado era abogado de la empresa constructora Odebrecht y se le considera ser el responsable del pago de comisiones como contrapartida a la adjudicación de obra pública y privada, tanto en Brasil como en el extranjero.
La 'operación Lava Jato', iniciada en 2014, es la investigación de mayor trascendencia en Brasil sobre blanqueo de dinero y desvío de fondos públicos de la empresa nacional petrolera Petrobras a partidos políticos y miembros del ejecutivo.