El Gobierno abordará el informe sobre la ley evaluación ambiental

La reunión del Consejo de Ministros estará presidida por Mariano Rajoy y contará con la asistencia de todos los miembros del gabinete, a excepción del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que se encuentra en Washington, participando en las reuniones del G-20.

El anteproyecto de ley de Evaluación de Impacto Ambiental pretende "agilizar" los trámites y hacer los procedimientos más eficaces, así como reducir el tiempo para obtener o no un permiso para un proyecto que, en la actualidad, está en una media de 42 meses. Se calcula que hay unos 10.000 expedientes abiertos.

De acuerdo a la última versión del borrador de la Ley al que ha tenido acceso Europa Press, la norma pretende ser un "instrumento eficaz para la protección ambiental" mediante la simplificación del procedimiento de evaluación ambiental, así como incrementar la seguridad jurídica de los operadores, en íntima relación con este último fin y lograr la concertación de la normativa en todo el territorio nacional.

En la exposición de motivos, explica que la ley establece un esquema similar para la evaluación ambiental estratégica (planes y programas) y la evolución de impacto ambiental (proyectos) y unifica la terminología.

Además, establece plazos máximos para acometer todo el trámite, que serán 19 meses prorrogables a 21 meses para la evaluación estratégica ordinaria y 3 meses para la evaluación ambiental estratégica simplificada. En cuanto a la evaluación de impacto ambiental ordinaria, el plazo será de cuatro meses prorrogable a seis y en la evaluación de impacto ambiental simplificada, el máximo serán tres meses.

En esta norma, se incluye por primera vez en la normativa ambiental la técnica de la fractura hidráulica para obtener hidrocarburos, que se someterá a evaluación de impacto ambiental. También recoge que se tendrán en cuenta los efectos del cambio climático.

Fuentes de Medio Ambiente precisan que, grosso modo, la intención es que la evaluación sea más rigurosa y estricta para los proyectos ante los que se prevean impactos significativos y más ágil y menos costos para proyectos con menor incidencia ambiental.

Asimismo, el Consejo de Ministros tiene previsto abordar también otro informe sobre un anteproyecto para reformar la ley de defensa de consumidores y usuarios en relación con las transacciones a distancia, para adaptar la normativa española a las directivas comunitarias.