El Gobierno pide al Tribunal Constitucional que abra la vía penal contra la presidenta del Parlament de Cataluña

El Gobierno ha abierto este viernes la puerta a la posibilidad de que la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, tenga que hacer frente a responsabilidades penales por tramitar la resolución sobre la "desconexión" de Cataluña que aprobó el Parlament el pasado miércoles, al pedir al Tribunal Constitucional que remita a la Fiscalía las "vulneraciones" que ha cometido de sus resoluciones.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, después de la reunión del Consejo de Ministros. Se trata de una de las medidas incluidas dentro del incidente de ejecución de sentencia presentado ante el Tribunal Constitucional contra la resolución del Parlament, que pide además que sea declarada nula y suspendida de forma inmediata.

A juicio del Gobierno, siguiendo con el informe elaborado por la Abogacía del Estado, Forcadell desobedeció una sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2015 al incluir en el orden del día del Pleno del Parlament la votación de la resolución de "desconexión", que había sido declarada inconstitucional y nula.

Por ello, emplaza al tribunal a "deducir testimonio de particulares" para exigir las responsabilidades penales que pudieran corresponder a la presidenta del Parlament, lo que en la práctica supone que el tribunal remita a la Fiscalía el conjunto de actuaciones desarrolladas por Forcadell para que, "en su caso", se pueda proceder penalmente contra ella.

"Se ha vulnerado una decisión judicial y entendemos que tenemos que pedir al Tribunal Constitucional que, a la vista de esa actuación, la remita a la Fiscalía", ha explicado la vicepresidenta, que cree que Forcadell pudo "incurrir en delito" al incluir en el orden del día el debate y votación de la resolución de "desconexión".

AVISO A PUIGDEMONT Y SUS CONSEJEROS

Por otra parte, el incidente de ejecución de sentencia interpuesto por la Abogacía del Estado también pide al Tribunal Constitucional que emplace a una serie de responsables públicos catalanes que se abstengan de realizar cualquier actuación que pueda incumplir sus sentencias y avanzar en la resolución de "desconexión".

Y les avise de que, en caso de desobedecer, podrían tener que hacer frente a multas entre los 3.000 y los 30.000 euros, la suspensión de sus funciones durante el tiempo necesario para garantizar la "observancia" de las resoluciones del Tribunal Constitucional o la apertura de posibles responsabilidades penales.

Este aviso se realiza de nuevo a Forcadell, al resto de miembros de la Mesa del Parlament, al secretario general de la Cámara, al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y a los demás componentes del Ejecutivo catalán.

En concreto, quiere que se imponga a los responsables del Parlament la prohibición expresa de convocar a los órganos de la Cámara para debatir y votar ninguna iniciativa que "directa o indirectamente" pretenda dar cumplimiento a la resolución impugnada, según el texto del incidente de ejecución, al que ha tenido acceso Europa Press.

E imponga a Puigdemont y sus consejeros la prohibición de tramitar propuestas legislativas, dictar normas de rango reglamentario o llevar a cabo cualquier iniciativa que pueda dar cumplimiento a esta resolución, advirtiéndoles de las responsabilidades en caso de incumplir, incluidas las penales.

RECUERDA LA MALA SITUACIÓN DE LAS FINANZAS CATALANAS

Entre estas iniciativas podrían estar las leyes para una administración tributaria propia y una seguridad social para Cataluña acordadas por JxSí y la CUP. Respecto a ellas, la vicepresidenta ha explicado que el Gobierno diferencia entre las propuestas de los grupos parlamentarios y otras decisiones institucionales, pero ha dejado claro que vigilan que todos los parlamentos autonómicos cumplan con la Constitución y, "si se toman pasos contrarios" a ella, se pasará a actuar.

"En el que momento en que están las finanzas catalanas estar planteándose agencias o sistemas de seguridad social, siendo deficitarios para el pago de pensiones, me parece un flaco favor a los proveedores y pensionistas --ha criticado Santamaría--. Pero uno tendrá que ver sus prioridades. Cuando haya incumplimientos constitucionales el Gobierno actuará de acuerdo con el procedimiento que nos recomiende la Abogacía del Estado".

Con el paso dado este viernes ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno considera que ha actuado con "proporcionalidad y racionalidad" a una "vulneración flagrante" del orden constitucional. "Dijimos que no dejaríamos pasar ni una y no estamos pasando ni una", ha enfatizado.

CONTACTOS DE RAJOY CON EL RESTO DE LÍDERES

Según ha recordado, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ya habló sobre este asunto el pasado miércoles con los líderes de PSOE, Podemos y Ciudadanos, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera, y volverá a hacerlo este viernes después de la decisión adoptada, en busca de "la unidad de los demócratas".

Su objetivo es "defender el marco de convivencia y Estado de Derecho" porque "nadie pueda haber por encima de la ley". "Disponemos de instrumentos jurídicos para llevarlos a cabo y los utilizamos de manera razonable y proporcionada", ha insistido.