Gobierno vasco propone limitar a una RGI por domicilio, con independencia de la vinculación familiar

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha presentado este miércoles 15 propuestas para reformar la Ley de Renta de Garantía de Ingresos (RGI), entre las que destaca la limitación de una prestación por cada domicilio, con independencia de la vinculación familiar; un nuevo sistema para la definición de las cuantías máximas de la prestación, que no podrán superar los 1.200 euros mensuales por familia; y plantea la necesidad de aportar documentación adicional al Padrón para certificar la residencia en Euskadi.

Artolazabal ha comparecido, a petición propia, ante la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud del Parlamento vasco, para presentar las propuestas de mejora de la RGI con el objetivo de "consolidarla como instrumento de cohesión social, sobre todo en cuanto a familias se refiere" y ha destacado que esta prestación "ha evitado que más de 132.000 personas cada año padezcan situaciones de pobreza y puedan retornar al mercado laboral".

Según ha explicado, la propuesta del Ejecutivo plantea 15 modificaciones concretas y cinco cambios en la normativa y ha señalado que se trata de un "diagnóstico y propuesta" que ahora se debe trabajar en el Parlamento para que los grupos puedan hacer aportaciones que "redunden en la mejora del documento presentado".

Artolazabal ha puesto en valor la propuesta por la que se modifica y "mejora" la fórmula actualmente utilizada para la determinación de las unidades de convivencia - que contempla la posibilidad de reconocer más de una unidad perceptora dentro de un mismo domicilio---.

Tras afirmar que este sistema había planteado "dificultades de importancia, tanto en lo que se refiere a la generación de agravios comparativos como en lo que se refiere a una mayor complejidad en la gestión de la prestación", ha propuesto que las solicitudes de acceso a la RGI hagan referencia al conjunto de las personas que residen en un mismo domicilio.

De esta forma, se establece con carácter general un máximo de una RGI por cada domicilio "con independencia de la vinculación familiar o no" de los residentes en el domicilio y computándose los ingresos del conjunto de las personas que allí viven.

La consejera ha explicado que la normativa actual solo protegía a las personas individuales y su propuesta busca "favorecer a las familias". Asimismo, ha concretado que se estudiará "el impacto de esta medida en diferentes perfiles y situaciones de personas", con el fin de establecer las "excepciones oportunas".

En consecuencia, se plantea modificar la fórmula para la determinación de la cuantía básica de la prestación y de los complementos asociados. El nuevo sistema se articulará en función de una cuantía base común de 450 euros para todas las unidades de convivencia, "con independencia del tamaño y estructura de la misma".

El sistema de complementos por cada persona adulta residente en la vivienda será variable en función del orden de la persona en el hogar, de forma que por el titular se percibirán 200 euros, la pareja 160 euros y 100 por el resto de adultos que convivan en la vivienda, con un máximo de cuatro.

Los complementos por menores a cargo será de 120 euros por el primero, 84 por el segundo menor, 60 el tercero y cuarto, 48 quinto y siguientes. Los complementos por monoparentalidad, discapacidad o violencia de género serán de 100 euros.

Artolazabal ha explicado que estas cuantías se han fijado tras realizar un trabajo técnico "arduo" inicial en el que se han utilizar "datos objetivos" que ha calculado "el nivel mínimo requerido por una persona o un hogar para tener unas condiciones de vida dignas". "Las cantidades de los complementos por adultos y menores son superiores o iguales a las que ahora tienen", ha asegurado.

EMPADRONAMIENTO

Respecto a la certificación de la residencia en Euskadi, la consejera ha recordado que la normativa establece en la actualidad que para acceder a la prestación es obligatorio el empadronamiento y la residencia efectiva en Euskadi, siendo necesario cumplir ambos requisitos.

Por ello, plantea establecer una serie de "elementos adicionales a la inscripción en el Padrón de habitante" que permitan certificar la residencia efectiva en la comunidad, tanto durante el plazo mínimo de empadronamiento que se exige para acceder a la prestación -que en la actualidad es de tres años-, como durante el periodo de percepción de la misma.

Artolazabal ha apuntado que esta documentación podría hacer referencia a la domiciliación de recibos de luz y agua, la tarjeta sanitaria o la escolarización de los hijos. Además, se propone reducir a 24 meses el actual periodo de empadronamiento mínimo que se exige para el acceso a la RGI en el caso de las unidades familiares con hijos e hijas menores de edad a cargo.

En el caso de acceso a la prestación de las personas refugiadas o solicitantes de asilo o protección internacional, considera adecuado que, se le excepcione del requisito de tres años de empadronamiento y que estén exentos de presentar documentación.

Para "estimular" al empleo, la consejera plantea fijar en 400 euros mensuales la cuantía máxima de la prestación que puede ser percibida en concepto de complemento salarial y dar mayor protección a las personas que desarrollan jornadas laborales de mayor duración. "Se pretende que las personas que están trabajando, sigan haciéndolo y en trabajos con larga duración", ha explicado.

Otras de las medidas que propone introducir un sistema de minoración parcial de la prestación vinculado al valor catastral de los bienes para los casos en los que el perceptor dispone de un bien inmueble diferente a su vivienda habitual pero necesita de la ayuda por tener ingresos muy bajos.

En el caso de los cobros indebidos se plantea establecer la "prescripción" de la responsabilidad de las personas una vez transcurrido un plazo de veinticuatro meses en los casos en los que "no haya habido dolo o voluntad de fraude". Para detectar usos de la RGI "irregulares" la consejera quiere introducir "disposiciones" que permitan clarificar los usos que puedan dar pie a una suspensión o extinción de la prestación "siempre que existan indicios fiables" y sancionar a los "cooperadores" de estos casos de fraude.

Los perceptores también deberán aceptar las ofertas formativas u ocupacionales propuestas por Lanbide, y prohibir que la RGI se considere como garantía de pago frente a créditos de cualquier tipo. Además, el Gobierno vasco aboga por garantizar un mejor seguimiento de las personas perceptoras en situación o riesgo de exclusión social.