El Gobierno niega injerencias para impedir que la Fiscalía acuse al presidente de Murcia y al expresidente de La Rioja

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha rechazado este jueves que haya habido "injerencias" del Gobierno del PP para impedir que la Fiscalía General del Estado acuse tanto al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, como al expresidente de La Rioja Pedro Sanz. Además, ha fijado en la apertura de juicio oral la exigencia de responsabilidades políticas y ha subrayado que así lo recoge el pacto con Ciudadanos (Cs).

Así se ha pronunciado ante la información relativa a la oposición de la Fiscalía General a la imputación de Pedro Antonio Sánchez en el 'caso Púnica', en contra del criterio de las fiscales del caso. También 'El Mundo' publica hoy que el Ministerio Público impidió acusar al expresidente de la Rioja por una construcción ilegal, a pesar de que el fiscal del caso vio motivos para actuar por un posible delito de prevaricación.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Catalá ha señalado que los fiscales tienen "autonomía" en el ejercicio de su actividad pero ha recordado que el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal establece que cuando hay un "asunto relevante" tienen que pedir criterio a sus superiores.

SE IMPONE EL CRITERIO DEL SUPERIOR

"La Fiscalía es una institución jerarquizada y cuando hay un asunto relevante, esto ha sido así siempre", ha manifestado, para añadir que cuatro fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo y el jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado han hecho informes en los que consideran que "no hay responsabilidad penal".

En este punto, ha señalado que cuando hay opiniones discrepantes con los fiscales que han llevado el caso "el criterio que se impone, lógicamente, es el de los superiores" en una "institución jerarquizada" como la Fiscalía General del Estado. Según ha añadido, al final tiene que haber "una voz única" que fija el criterio del Ministerio Público.

Catalá ha rechazado que le preocupen estas discrepancias que se han publicado porque, según ha dicho, es el "normal funcionamiento de la Fiscalía", si bien cuando se fija un criterio "tiene que ser llevado adelante por todos sus miembros".

"Quizá lo único preocupante es que en el funcionamiento de la Fiscalía como una unidad de criterio común, se pueda transmitir que hay discrepancias y no hay una opinión común, porque eso es muy normal que suceda a lo largo de todo el procedimiento", ha apostillado.

EL DEBATE INTERNO EN LA FISCALÍA, ALGO COTIDIANO

Catalá ha rechazado de plano que se estén produciendo "injerencias" del Gobierno para que el fiscal General del Estado evite acusaciones a cargos del PP. "Le aseguro que ninguna injerencia ni ninguna interferencia", ha recalcado.

En este punto, ha señalado que en el caso del presidente de Murcia no se llega a celebrar ese contrato para mejorar su reputación en las redes sociales y ha señalado que los fiscales de Sala del Supremo y la secretaría técnica consideran que "no hay delito".

"Es el debate interno que en la Fiscalía sucede cotidianamente y no debería, en mi opinión, transmitirse estas discrepancias porque es el funcionamiento normal de una organización", ha reiterado el titular de Justicia.

NO HAY INSTRUCCIÓN AL FISCAL DEL CASO DE PEDRO SANZ

Sobre el caso de Pedro Sanz, el ministro ha señalado que se ha publicado que la Fiscalía General del Estado también modificó el criterio de los fiscales pero ha subrayado que hay "un error absoluto" ahí porque el fiscal general no ha emitido "ningún documento o papel que le diga a los fiscales de este caso lo que tienen que hacer".

Al ser preguntado cuándo se debe apartar a un cargo público, el ministro de Justicia ha situado ese momento en la apertura del juicio oral, ya que, a su juicio, es ahí "dónde puede existir algún tipo de responsabilidad, y no antes".

Catalá ha indicado que así se recoge tanto en el programa electoral del PP como en el pacto de investidura firmado con Ciudadanos a finales de agosto porque habla de "imputación formal", es decir, "cuando haya una apertura de juicio oral". "Antes que eso es prematuro exigir responsabilidades políticas", ha concluido.