García Albiol dice que medió con el ICO para la compra de los terrenos del puerto deportivo de Badalona

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha defendido en una nueva sesión del juicio de la trama Pretoria que acoge la Audiencia Nacional, que él, como consejero de la sociedad pública Marina Badalona, medió con el Instituto Oficial de Crédito (ICO) para facilitar la compra de los terrenos del puerto deportivo de Badalona; operación que investiga la trama por haber generado comisiones ilícitas de más de un millón de euros.

Albiol, que ha declarado en calidad de testigo ante el tribunal, ha subrayado que mantuvo reuniones con altos cargos del ICO abriendo la puerta a la operativa ya que, de lo contrario, era "imposible" desarrollar el puerto, aunque ha aclarado que sus gestiones son anteriores a la licitación de dichos terrenos.

A preguntas de la fiscal Anticorrupción Ana Cuenca, el líder del PP catalán ha precisado que él únicamente intervino en esta primera parte del proceso y que en la votación celebrada por el consejo de administración en octubre de 2002 en la que se acordó vender parte de los terrenos al grupo inversor Schroeder, se abstuvo por "prudencia política".

Sobre quienes llevaron a cabo las negociaciones, el testigo ha recalcado que fueron los responsables de Marina Badalona aunque del "día a día" se encargaba Juan Felipe Ruiz, quien en calidad de consejero delegado dirigía la sociedad. Fue este el que logró que de todas las ofertas de financiación, el consejo optara por la de Schroeder que condicionó el acuerdo a recibir la parte edificable de la finca, vendida después a la sociedad Badalona Building Waterfront.

Dicha sociedad fue creada, según sostiene la fiscal, por el empresario Luis García 'Luigi', cabecilla de la trama, con el fin exclusivo de comprar el edificio dentro del Plan Especial del Sector Público de Badalona y por el que consiguió unas comisiones ilícitas superiores al millón de euros. Posteriormente esta finca se transfirió a Espais y Procam y éstas a su vez, abonaron 1.461.000 euros a la sociedad Poliafers, controlada por el acusado Lluis Prenafeta, quien repartió la cuantía dando cerca de medio millón de euros a los también acusados Macià Alavedra y 'Luigi'.

DESCARTAN IRREGULARIDADES EN LA LICITACION

Por su parte Ruiz Sabido, también en calidad de testigo, ha insistido que "en ningún momento se vio sometido a presión" por parte del cabecilla de la trama, a quien conoce desde los años setenta, según ha indicado. La fiscal le ha reproducido unas escuchas telefónicas que se han convertido en la prueba de cargo principal del procedimiento y que reflejan cómo Luigi y él mismo hablaban acerca de la licitación de Marina Badalona. "Eso jamás ocurrió", ha dicho al respecto.

Igualmente ha descartado que existiera cualquier irregularidad en toda la operativa de la compra venta de los terrenos y ha recordado que Marina Badalona recurrió a la licitación porque no tenía fondos para abonar doce millones de euros al ICO después de que las entidades financieras no otorgaran crédito. "La única opción era hacer una oferta de financiación entre las personas interesadas en desarrollar el proyecto conjuntamente con la sociedad", ha precisado.

CONFIDENCIALIDAD

En la misma vista el exconsejero de la sociedad mercantil Jordi Verdaguer ha añadido que, al igual que Albiol, no entró a valorar las ofertas del conjunto de empresas que licitaron la compra del terreno aunque desde la cúpula del consejo se les pidió "confidencialidad" del operativo, a su juicio porque había representantes políticos y en anteriores ocasiones se había filtrado información de los acuerdos adoptados.

Casi la totalidad de testigos llamados a declarar este miércoles ha coincidido en que la creación del puerto deportivo era positivo para la ciudad aunque han rechazado conocer la trama desarrollada con la recalificación de los terrenos por parte de los acusados en el procedimiento. Es el caso del todavía consejero de la sociedad y concejal del consistorio badalonés Ramón Riera que ha matizado que no conocía los motivos por los que se eligió la empresa que iba a financiar la operativa.

Al comienzo de esta nueva vista la fiscal del caso ha solicitado al tribunal que preside la magistrada Concepción Espejel que admita como prueba un documento emitido por la Sindicatura de Cuentas relativo a la fiscalización de Marina Badalona y que probaría que se cometieron irregularidades en la gestión.

La recalificación de los terrenos del puerto deportivo de Badalona integra junto con la operación Pallaresa (Santa Coloma de Gramenet) y la operación Niesma (Sant Andreu de Llavaneres) la trama de corrupción urbanística que sienta en el banquillo de los acusados a once personas, entre ellas los exaltos cargos de la Generalitat de Cataluña Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, además del exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartolomé Muñoz.