Francisco de Vitoria y APIF consideran prematuro hablar de sedición en Cataluña y dicen que el conflicto es político

La asociación de jueces Francisco de Vitoria (FdV) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han defendido este miércoles que es "prematuro" hablar de delitos contra el orden público tipificados en el Código Penal en relación con la intención del Gobierno catalán de celebrar el referéndum de independencia el próximo 1 de octubre y consideran que por el momento el conflicto existente es "meramente político".

De igual manera se ha pronunciado Miguel Pallarés, portavoz de la asociación de fiscales APIF, que entiende que el conflicto actual sobre la deriva soberanista en Cataluña se enmarca en un ámbito "exclusivamente político" y que "cuando se produzca el traspaso de la línea fronteriza de la legalidad" tendrá que actuar la Fiscalía General del Estado poniendo dichos actos en conocimiento del Ejecutivo.

No obstante Pallarés entiende que el Ejecutivo catalán probablemente continuará con su hoja de ruta de sustraer el orden constitucional pero lo revestirá de forma que haya una interpretación que intente encajar en el Estatuto de Autonomía de las comunidades autónomas para eludir así cualquier invasión en la norma penal.

Esa hoja de ruta incluye la tramitación de la ley del referéndum por parte de la Mesa del Parlamento catalán que finalmente no se ha llevado a cabo este miércoles tal y como ha anunciado su presidenta, Carme Forcadell, debido, ha dicho, a la complejidad de la misma y a la "judicialización que hay en política". La admisión a trámite de la normativa aprobada en julio podría tratarse en la próxima Mesa prevista para el 22 de agosto.

ARTÍCULO 155

En relación a la postura del Ejecutivo que descarta aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, según explicó el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, en entrevista a Europa Press, los expertos jurídicos entienden que se trata de una medida "excepcional" que no les compete valorar porque en cualquier caso su aplicación corresponde a una decisión del Gobierno que preside Mariano Rajoy.

"Los jueces no tenemos nada que decir; es una medida que está ahí para casos excepcionales", ha indicado De Prado en referencia a la aplicación del artículo recogido en la Carta Magna que permite "obligar" a un gobierno autonómico al "cumplimiento forzoso" de sus obligaciones y que según Hernando no resolvería el problema de la deriva soberanista.