La Fiscalía pide cárcel para una red de funcionarios y guardias civiles por vender datos personales

La Fiscalía ha pedido penas desde los cinco hasta los 595 años de cárcel para una red de funcionarios de Hacienda y agentes de la Guardia Civil que supuestamente se dedicaba a la venta de datos de carácter personal, laboral y tributario de cientos de personas físicas y jurídicas, según el escrito de acusación recogido por Europa Press.

La causa forma parte de la conocida policialmente como Operación Pitiusa, que un juzgado de Barcelona dividió en varias piezas separadas y en la que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado ya al menos tres escritos de acusación contra distintos investigados, ha publicado este jueves 'El Periódico'.

En este caso, la Fiscalía acusa a un total de 11 personas, entre ellos, al guardia civil destinado en el momento de los hechos en Álava José Manuel V. y al destinado en El Prat de Llobregat (Barcelona) Manuel R., además de al funcionario de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Barcelona Felipe M.

La fiscal también señala al que era funcionario del Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Vizcaya Fernando María I.; al técnico de la Agencia Tributaria de la Delegación Especial en Madrid Francisco Javier A. y a los detectives privados Álvaro R., Ramon C., Aitor G., Vicente C., Cristina P., además de la pensionista María del Carmen A. --por actuar como intermediaria--.

EL CABECILLA, FALLECIDO

De una forma u otra, todos supuestamente participaron en una trama que actuó al menos desde junio de 2006 hasta 2012 y estaba encabezada por Juan Antonio R., investigado en la causa hasta que murió en enero de 2014.

Juan Antonio R. era el cabecilla de "una red estructurada a nivel nacional" dedicada a la obtención, intermediación, comercialización y distribución a gran escala de datos reservados de carácter personal, laboral y tributario de cientos de personas físicas y jurídicas, según la Fiscalía.

Esta persona recibía una elevadísima cantidad de peticiones de datos privados de clientes procedentes de diferentes puntos de España, especialmente agencias de elaboración de informes comerciales y detectives privados.

En función del tipo de consulta, Juan Antonio R. canalizaba al resto de acusados las peticiones; cobraba a sus clientes según los datos pedidos y, una vez obtenida la información, pagaba a los intermediarios.

A la trama --con diferentes responsabilidades de los acusados-- se le atribuyen más de cien delitos contra la intimidad de revelación de secretos.