La Fiscalía del TS cita el próximo lunes al alcalde de Tortosa (Tarragona) por su adhesión al referéndum

La inclusión de Bel en la investigación de la Fiscalía se produce junto a la del resto de alcaldes que han anunciado públicamente que colaborarán con la consulta que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional. En un mensaje en la red social Twitter, Bel señaló expresamente: " "Como alcalde de Tortosa he firmado el decreto de apoyo al referéndum del 1-O convocado por el presidente Carles Puigdemont y su Gobierno".

La citación se ha producido después de que el pasado viernes el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dictara sendos oficios en los que ordena al Fiscal Superior de Cataluña y al fiscal jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo convocar a los alcaldes que han anunciado su apoyo al referéndum y que son aforados, tanto por su condición de parlamentarios regionales como, en el caso de Bel, de diputado del Congreso.

En relación con todos ellos, el oficio señalaba que deben incoarse diligencias de investigación para esclarecer, en relación con todos los ayuntamientos citados, si están "cooperando en la organización del referéndum ilegal". Ordena en este sentido que los aforados sean citados ante la Fiscalía que corresponda.

El resto de los oficios reproducía lo señalado el pasado miércoles en relación con otros alcaldes no aforados, aunque en el caso de estos últimos advertía expresamente de que en el caso de que no comparezcan cuando sean citados por los fiscales territoriales se ordenaría a los Mossos que lleven a cabo su detención. El oficio relativo a Bel no advertía de su dada su condición de aforado, ya que no se le puede obligar si no es mediante un suplicatorio a las Cortes.

Los escritos del fiscal general ses referían a la web de la Asociación de Municipios por la Independencia y al hecho de que, paralelamente, el Govern continúe con los preparativos del "referéndum ilegal".

Para Maza, la notoriedad de la prohibición de "los actos de organización del ilegal referéndum de autodeterminación" hace que cualquier conducta de las autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores dirigida a tal fin sea indiciariamente constitutiva de "al menos" los delitos de desobediencia y prevaricación "en cuanto supondría la adopción de resoluciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico", ambos penados con multa e inhabilitación especial, y también del de malversación de fondos públicos.