La Fiscalía no ve "delito" en la actuación de la Junta de Andalucía por el caso Nevada y archiva la denuncia del PP

El PP acusó al Gobierno andaluz de mantener una actitud "negligente" después de que sus servicios jurídicos no asistieran a una vista oral de este proceso, de modo que en ese momento no pudieron proponer ni practicar prueba alguna contra las pretensiones del promotor, y dada la cuantía del procedimiento solicitó que se investigara el asunto.

En un decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público expone que la incomparecencia de la Junta a esta vista oral, que se celebró el 6 de junio de 2016 en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Granada, "no es constitutivo de delito".

De hecho, sostiene que no "existen los más mínimos datos" que lleven a considerar que se ha cometido algunos de los delitos a los que aludía el PP en su denuncia, como los de prevaricación, malversación o fraude; los cuales vinculaba a varios cargos de la Junta, entre ellos, la presidenta autonómica, Susana Díaz.

La indemnización de 165,6 millones de euros --que está recurrida por las dos partes-- se produce por los perjuicios económicos causados a los promotores del Centro Nevada por la paralización cautelar durante varios años de las obras de esta superficie comercial, cuya construcción también conllevó un proceso penal que supuso entre otras cosas, la demolición de 1.457 metros cuadrados" del recinto, hoy abierto al público.

Sobre la elevada cifra de la indemnización, la Fiscalía advierte de que "la consideración de delito o no, se fija por el comportamiento realizado; por el hecho en sí" y no por "el montante de los perjuicios económicos causados" por esa forma de proceder o no proceder.

Así, el Ministerio Público acuerda el archivo de las diligencias, tal y como ha avanzado este viernes Onda Cero Granada, dado que los hechos "no tienen atisbo de delito", motivo por el que, según recuerda, debe abstenerse de iniciar cualquier investigación dirigida a "despejar sospechas sin base objetiva" pues esta labor está "vedada" por el Tribunal Constitucional tanto al juez de instrucción como al fiscal en el seno de unas diligencias de investigación.