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La Fiscalía pide dos años de cárcel para la expresidenta y el exgerente de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón

Ambos están acusados de un delito de prevaricación y otro de fraudes y exacciones ilegales
La Fiscalía de Área de Gijón solicita dos años de cárcel para la ex presidenta y el ex gerente de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA), Dulce Gallego y Luis Alemany, respectivamente, acusados de un delito de prevaricación y de otro de fraudes y exacciones ilegales.
Junto a ellos se sentarán en el banquillo los responsables de las dos empresas supuestamente beneficiadas de su gestión, Suymcoplas y Aldesa. La vista oral está señalada para este lunes, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón, a las 9,30 horas. El juicio se prolongará a lo largo de varias sesiones.
De acuerdo al relato fiscal, entre el año 2009 y el año 2012, la EMA contrató de forma directa, obviando el procedimiento específico de Publicidad, pliego de prescripciones o condiciones económico-administrativas y técnicas que rige La ley de Contratos del Sector Publico, por la que se regula esta empresa municipal dedicada a la captación, potabilización y abastecimiento de aguas potables, alcantarillado y eliminación de aguas residuales y su vertido.
En el periodo señalado, la contratación se llevó a cabo pese a que el gerente de la EMA, y la presidenta, la acusada, conocían que se vulneraba el procedimiento legal, siendo beneficiario de las adjudicaciones la empresa Suymcoplas.
Para estas adjudicaciones, Alemany presentó una propuesta en el Consejo de Administración celebrado el 18 de febrero de 2009, que consistió en realizar un contrato marco para la realización de obras pequeñas de reparación, renovación y ampliación de redes, que fuera necesario realizar con premura y que no permitiera la redacción y aprobación de un proyecto y pliego de condiciones y su posterior licitación.
CONTRATOS AL MARGEN DE LA LEY
El pliego de condiciones para pequeñas obras de 11 de febrero de 2009, firmado por el gerente de la EMA y la jefa económico-administrativa, establece un listado de trabajos que se pueden considerar como pequeñas obras, cuyos precios oscilan entre 2,22 euros y 21.737,66 euros. Obras que, por su importe, según la legalidad vigente, podrían encuadrarse dentro de los contratos privados que no exigen ninguna formalidad ni procedimiento especifico
En este sentido, la empresa adjudicataria Suymcoplas logró obras cuya cantidad sobrepasaba los 50.000 euros, de común acuerdo con los dos acusados principales. Concretamente, realizó 22 obras con presupuesto superior a 50.000 euros, pese a que tanto el gerente como la presidenta de la EMA conocían que se vulneraba el procedimiento de publicidad específico de La ley de la Función Pública prescrito en la ley de Contratos del Sector Publico.
Asimismo, los dos ex responsables de la EMA acusados aceptaron sobrecostes de obras realizadas por Suymcoplas, de la que es responsable su gerente, también acusado en esta causa, a sabiendas de tratarse de un fraude a la administración local. Por otra parte, dentro del precio del contrato, Suymcoplas facturó por encima del precio del contrato de 2010 a 2012 por una suma total de 2.514.980,33 euros, siendo el total de sobrecostes de 3.105.632,50 euros.
Por otro lado, los ex responsables de la EMA procesados contrataron de igual forma, conforme al contrato marco del 18 de febrero de 2009, la realización de obras con la empresa Aldesa, cuyos delegados están acusados también. Ambos se encargaban de la gestión de la empresa.
En este sentido y durante el periodo citado, la empresa Aldesa aumentó los precios de las facturas, que aceptaron los acusados responsables de la empresa, con el consiguiente perjuicio para la empresa pública, ascendiendo los sobrecostes a 327.623,57 euros.
INDEMNIZACIONES DE MÁS DE 3 MILLONES
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de fraudes y exacciones ilegales del artículo 436 del Código Penal, un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal y un delito de tráfico de influencias del artículo 429.
En este sentido, del delito de prevaricación responden en concepto de autores la ex presidenta y el ex gerente de la EMA, mientras que del delito de fraudes y exacciones ilegales responden como autores todos los acusados. En el caso del delito de tráfico de influencias, la Fiscalía acusa a los procesados responsables de las empresas privadas
La Fiscalía pide para el gerente de la EMA, por el delito de prevaricación, la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo publico durante ocho años, por el delito de fraudes y exacciones ilegales, la pena de prisión de dos años e inhabilitación para empleo o cargo público durante ocho años.
En el caso de Gallego, le solicita, por el delito de prevaricación, la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo publico durante ocho años, por el delito de fraudes y exacciones ilegales, la pena de prisión de dos años e inhabilitación para empleo o cargo publico durante ocho años.
Respecto al gerente de Suymcoplas, el Ministerio Público pide para el gerente por el delito de fraudes y exacciones ilegales, la pena de prisión de dos años e inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas publicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector publico y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social durante tres años.
Asimismo, por el de trafico de influencias, le solicita la pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para el sufragio pasivo por el tiempo de condena y multa de 3.500.000 euros, con responsabilidad personal en caso de impago de un día por cada 500 euros no abonados.
Referente al acusado 4, por el delito de fraudes y exacciones ilegales la Fiscalía le pide dos años de prisión e inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas publicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector publico y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social durante tres años.
En el caso del delito de tráfico de influencias, la Fiscalía solicita para él la pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para el sufragio pasivo por el tiempo de condena y multa de 350.000 euros, con responsabilidad personal en caso de impago de un día por cada 500 euros impagados.
En cuanto al acusado 5, el Ministerio fiscal solicita por el delito de fraudes y exacciones ilegales la pena de dos años de cárcel e inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social durante tres años.
También le pide, por el de trafico de influencias, la pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para el sufragio pasivo por el tiempo de condena y multa de 350.000 euros con responsabilidad personal en caso de impago de un día por cada 500 euros impagados.
Unido a ello, y en concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que los ex responsables de la EMA acusados y el gerente de Suymcoplas que indemnicen, de forma conjunta y solidaria con esta última empresa, a la EMA por los sobrescostes abonados por trabajos realizados fuera de contrato, cuyo monto total se eleva a 3.105.632,50 euros.
Por otra parte, la Fiscalía pide que todos los acusados, excepto el gerente de Suymcoplas, indemnizarán, conjunta y solidariamente con la empresa Aldesa, a la EMA por los sobrecostes abonados y que suman 327.623,57 euros.