La Fiscalía atribuye a ocho mossos un delito de homicidio por la muerte de un empresario

En la vista celebrada este viernes ante el Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona para concretar las imputaciones, la fiscal ha considerado que podría ser un delito contra la vida, "cuya determinación dolosa o imprudente dependerá del resultado de las diligencias", según el escrito de diez páginas presentado este mismo viernes.

En el escrito presentado por la Fiscal del caso, Elena Contreras, se considera que podría tratarse de un delito contra la vida "cuya determinación dolosa o imprudente, dependerá del resultado de las diligencias".

Ve indicios de que los mossos aún sin tener intención directa de causar la muerte de Benítez, "puestos de común acuerdo y con unidad de propósito delictivo colocaron a la víctima en una clara situación de riesgo y peligro que podría desembocar en su fallecimiento" sin que pudiera escaparse.

La otra opción que baraja el Ministerio Público es la de que, también puestos de común acuerdo, "su pretensión era únicamente la de lesionarse contraviniendo, al hacerlo, tanto las normas y reglas mínimas de cuidado que se asumirían por un ciudadano medio, cono sus deberes profesionales".

La fiscal ve desproporcionado el número de agentes empleados en la noche del 5 de octubre para reducir a Benítez, la cantidad de golpes que le profirieron porque se los dieron cuando ya estaba tumbado en el suelo, y también "a todas luces excesiva" la duración de la contención.

También apunta a que, pese a que una ambulancia estaba presente en la calle Aurora desde el momento que en que llegaron los mossos, los agentes no requirieron su intervención hasta que Benítez quedó inconsciente.

En todo caso, la fiscal ha añadido que los ochos agentes en su actuación menoscabaron "la dignidad que como persona tenía el señor Juan Andrés Benítez".

Obstrucción a la Justicia

Respecto a los otros dos agentes imputados en la causa --en este caso por limpiar con agua los restos de sangre de Benítez y por permitir el borrado de una fotos de los hechos--, la fiscal sostiene que "obstaculizaron de forma intencionada el buen fin de la investigación".

Por todo ello, la Fiscalía ha pedido varias diligencias más, como solicitar a los médicos forenses que han hecho la autopsia que aclaren qué factores dieron la causa de muerte del empresario.

La defensa pide el archivo del caso

El abogado de varios mossos imputados, Josep Maria Fuster-Fabra, ha explicado a los medios que han pedido el archivo del caso; de no aceptarlo la juez, insiste en pedir nuevas diligencias, como una segunda autopsia localizada esencialmente en el corazón, "para llegar a determinar cuáles fueron las causas de la muerte".

En el caso están imputados dos mossos más --un agente por echar agua sobre la sangre de Benítez y otra por supuestamente preguntar a vecinos por fotos de los hechos--: precisamente la defensa ha pedido nuevas diligencias para determinar si el que echó agua en la sangre actúo "para evitar contagio", en cuyo caso era necesario.

Otro letrado de la defensa, Jordi Pina, ha reconocido ante los medios que no les hace "ninguna ilusión" que el caso pueda decidirse con un jurado popular, porque, aunque las imágenes puedan parecer de extrema dureza, no hay ninguna acción que pudiese provocar la muerte de Benítez y existe el riesgo de que un ciudadano normal pueda hacerse una composición más mediática que penal de los hechos.

Acusaciones

En declaraciones a los periodistas tras la comparecencia, el abogado de Benítez, David Aineto, ha asegurado que han ampliado los delitos a detención ilegal y falsedad documental, y que en su escrito recoge lo que han transmitido algunos testigos, que tuvieron la sensación de que el hombre era "un animal cazado y muerto".

Preguntado sobre si cree que los agentes actuaron con intención, Aineto ha respondido: "Está claro que, si no hubiera intención y una violencia que sobrepasa su función como policía, hoy no estaríamos aquí", y ha añadido que recurrirá la petición de las defensas de hacer una segunda autopsia.

La abogada de la acusación popular, Laia Serra, considera que los mossos pudieron incurrir en un asesinato o, alternativamente, en homicidio doloso, y en delitos contra la integridad moral y falsedad documental, además de coacciones, obstrucción y encubrimiento.

Además, ha anunciado que han pedido que declare un nuevo testigo que hasta ahora no ha pasado por el juzgado y que vio toda la actuación de los mossos desde una posición privilegiada.