Fiscal retira petición de cárcel que pedía a uno de los siete acusados por el escrache a Diego (PP)

El Ministerio Fiscal ha retirado la petición de un año de cárcel que pedía a uno de los siete acusados por el 'escrache' realizado en febrero de 2014 en la Universidad de Cantabria (UC) al entonces presidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP).

El fiscal, única parte que ejerce la acusación contra los jóvenes, ha modificado sus conclusiones en la segunda sesión del juicio celebrada este viernes en el Juzgado de lo Penal Número 3 de Santander y ha retirado el delito de daños en el vehículo de reacción policial que solicitaba para uno de ellos.

En su lugar, ha considerado los daños, que según la perito que ha declarado ascienden a 190 euros y no 700 como se venía manteniendo, una falta por la que solicita para este joven una multa de 240 euros, aunque tanto para él como para los otros seis mantiene la petición de multas de 4.400 euros por un delito de coacciones y de una falta contra el orden público por falta de respeto y consideración a la autoridad.

Frente a ello, las defensas de los siete acusados han solicitado la libre absolución al considerar que la prueba y las declaraciones de los testigos en el juicio, entre ellos el propio Diego, no han desvirtuado la presunción de inocencia de los jóvenes y han pedido al juzgado que, en caso de condena, se contemple como una falta de coacciones y no un delito.

En caso de admitirse esta petición de las defensas, los dos letrados de los acusado han señalado que, pasados cuatro años, la falta por coacciones habría prescrito. No obstante, a esperas de que se dicte sentencia, han pedido también que se aplique a todos la atenuante de dilaciones indebidas y, en el caso del acusado por los daños en el vehículo, la atenuante de reparación del daño por haber consignado la fianza que se le solicitaba.

Los hechos por los que se les acusa ocurrieron el 17 de febrero de 2014, cuando Diego fue invitado por el Consejo de Estudiantes de la UC --el CEUC-- a participar en un acto público bajo el lema 'Tengo una pregunta para usted' y en el que a estos jóvenes se les impidió acceder por parte de los servicios de seguridad.

Al concluir el acto, el expresidente cántabro salió por la parte trasera del edificio de las Tres Torres de la Universidad, donde sucedieron los hechos concretos por los que el fiscal les acusa de del delito de coacciones y una falta contra el orden público porque, según ha señalado en su informe final, su intención era "impedir que Diego accediese a su vehículo y no protestar por no haber podido entrar al acto o en defensa de la educación pública".

"IBAN ORGANIZADOS" PARA HACER UN "BOICOT"

Para el fiscal, los acusados están relatando "una mentira" al decir que "protestaron de forma pácifica y que no se conocían de antemano" porque, a su juicio, "iban organizados" con la intención de hacer un "sabotaje o boicot" al acto en el que participaba el expresidente autonómico. "Sabían a lo que iban, a reventar la intervención del presidente", ha dicho.

Por ello, en su opinión, cuando no les dejaron acceder a las instalaciones de la Universidad para participar en el acto del CEUC, fueron como "un grupo de exaltados" a la salida de Diego del edificio y los escolatas, ha apuntado, "actuaron porque la situación se podía volver peligrosa y grave para la seguridad del presidente, que entonces era la máxima autoridad del Estado en la Comunidad Autónoma".

El fiscal, que ha llegado a comparar a algunos de los que participaron en aquella protesta como "kale borroka", ha insistido en que la versión de los acusado de que actuaron de "forma pacífica" se "cae como un castillo de naipes" y ha reiterado que lo que hicieron fue un delito de coacciones no sólo por la "agresividad" sino por "persistencia" en su acción.

Desde el Ministerio Público se ha ensalzado que la mejor prueba en este juicio, que ha esperado que "no se manipule ya más" porque se ha llegado hasta a "convocar una huelga general de estudiantes" por ello, son los vídeos en los que, según él, se aprecia "perfectamente" lo que hicieron los acusados.

"PROTESTA PACÍFICA"

Las defensas también han considerado los vídeos como la prueba de cargo en la causa, aunque ven que en ellos se demuestra que es "una protesta pacífica y no organizada" y en la que los jóvenes no agreden sino que son "agredidos por los escoltas", los cuales ellos "ni sabían" que eran policías nacionales.

"En el vídeo se observa que protestan pero de forma pacífica y que no oponen resistencia cuando los escoltas les apartan para que salga el coche del expresidente", ha señalado uno de los letrados defensores, que ha ensalzado que, en las acciones de los acusados, no hay ni delito de coacciones ni falta de orden público sino protestas con "consignas en defensa de la educación pública y contra la política educativa del PP".

En la misma línea se ha pronunciado la otra abogada de la defensa, que ha criticado que el fiscal prevea la "intencionalidad" de la acción de los jóvenes que no querían impedir la salida del expresidente sino mostrar su rechazo a la "selección" de las personas a las que se había permitido entrar al acto.

En la sesión de este viernes, la última del juicio y que ha durado unas tres horas, también han hablado algunos de los acusados, que han hecho uso del derecho a la última palabra. Una de las dos jóvenes han relatado los cuatros de "angustia" que ha vivido hasta que se ha celebrado el juicio y en los que ha visto como "se me acusaba de algo que no he hecho" y se le tachaba de ser "una persona violenta y peligrosa".

El joven al que el fiscal ha rebajado la petición de pena, de un año de cárcel a una multa, ha considerado que este "proceso judicial" se inició para "amedrentar" a la ciudadanía que, en 2014, estaba protagonizando "muchas protestas" en uso de su derecho a la libertad de expresión y reunión.

"Han sido cuatro años de angustia mientras nos acusaban por unos hechos graves que pueden poner en riesgo nuestra vida y nuestro futuro", ha dicho este chico, que al igual que otro de los acusados ha concluido su intervención animando a la gente "salir a la calle" a defender sus derechos fundamentales.