Martínez Maíllo, nuevo 'número tres' del PP, imputado en un presunto caso de corrupción

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Rocío González Boñar llamó a declarar para el pasado 29 de mayo a Fernández Maíllo, que es presidente de la Diputación de Zamora, y a otros antiguos miembros que participaron en la sesión del Consejo de Administración del 8 de enero de 2009, que abordó la refinanciación de la deuda que tenía Santos Llamas.

Según explicaron a Europa Press fuentes jurídicas, las comparecencias, que fueron acordadas en aquella providencia con fecha del 6 de abril, se aplazaron porque las defensas solicitaron más tiempo para examinar la documentación que obra en la causa y se encuentran a la espera de tener nueva fecha de señalamiento.

La magistrada imputó entonces a los entonces consejeros Miguel Ángel Álvarez, Artemio Domínguez, Bernardo Fernández, Francisco Javier Fernández, Alfredo Fernández, Juan Elicio Fierro, Marcos García, Francisco Javier García-Prieto, Zenon Jiménez, Fernando Martínez Maíllo, Alejandro Menéndez, Maria Begoña Nuñez, María Olga Palacio y José Antonio Turrado.

Piden investigar posibles créditos por valor de 70 millones

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de León investiga este caso a raíz de una denuncia presentada por Izquierda Unida sobre los créditos de "escasa solvencia o en condiciones mucho más ventajosas" aprobados en cajas de Castilla y León.

En lo que respecta a Caja España, la denuncia pide investigar cinco préstamos a empresas vinculadas a Santos Llamas que ascienden a 17,6 millones de euros, un préstamo hipotecario a una empresa vinculada a él por importe de 15,2 millones, así como otras operaciones de "renovación de cuenta de crédito, líneas de avales y ampliación de préstamo a promotor a empresa vinculada por 5,1 millones".

"La cantidad total de créditos concedidos a Caja España a Santos Llamas no aparece detallada en los documentos entregados por la CNMV. La cifra total que han barajado medios y fuentes consultadas supera los 70 millones", añaden los denunciantes.

Según su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Santos Llamas era presidente de Construcciones Carriegos, administrador único de Construcciones Llamas Gil y vocal del consejo de administración de Sotaban, tres sociedades dedicadas al negocio inmobiliario que recibieron créditos de Caja España y Caja Duero.

Por ello, los denunciantes solicitan investigar la posible comisión de delitos societarios por parte de quienes "prevalíendose de su condición mayoritaria en órganos de administración, han logrado que las entidades públicas de ahorro hayan adoptado acuerdos con ánimo de lucro propio o en perjuicio de terceros".