Fernández Díaz, se demoró demasiado "el Código Penal de la democracia"

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Fernández Díaz ha lamentado que el Código Penal no se reformase en los "años de plomo" de la década de los ochenta, cuando ETA "mataba por decenas, si no por centenas". Sin embargo, el primer Código Penal de la democracia no llegó hasta 1995, con Juan Alberto Belloch como ministro de Interior y es más estricto con el cumplimiento íntegro de las penas y la posibilidad de redención de condena.

El anterior Código databa de 1973 y el ministro ha llamado la atención sobre cómo es posible que, desde el punto de vista de los Derechos Humanos, sea mejor para un terrorista ser juzgado con un Código Penal franquista.

Eso sí, ha puntualizado que ambos códigos no se pueden comparar --"sería como comparar peras con manzanas"-- porque el de 1973 contemplaba la pena de muerte, pero ésta quedó derogada con la Constitución. "Con el de 1973, con la pena que se les hubiera impuesto (a los terroristas) no habría lugar a la redención de penas", ha zanjado.

Por otro lado, el ministro ha recordado que con la anulación de la 'doctrina Parot' pueden salir de la cárcel "asesinos" cuya excarcelación "va a causar profunda alarma social" por la gravedad de los crímenes que cometieron.

Sobre los etarras que previsiblemente verán finalizadas sus condenas, Fernández Díaz ha recordado que el Ministerio de Justicia ya ha dejado claro que no les abonará indemnización alguna --se les deducirá de sus deudas en concepto de responsabilidad civil--. "Que haya que indemnizar añade sarcasmo al dolor", ha lamentado.

NO SE PERMITIRÁN HOMENAJES

En el ámbito de Interior, ha advertido de que "libertad no significa impunidad" y ha puntualizado que no permitirá que los etarras que puedan ser excarcelados sean "recibidos en sus pueblos como héroes con actos de humillación de las víctimas y enaltecimiento del terrorismo". Eso, ha avisado, sería "cruzar una línea roja" prohibida por la ley.

En este punto, ha recordado la reciente operación de la Guardia Civil contra Herrira, la organización encargada de esos homenajes, que tiene suspendida su actividad por dos años por decisión del juez Eloy Velasco. "Con ese precedente vamos a estar muy atentos a que no se viole la ley y se añada ese dolor a algo que ya cuesta mucho digerir", ha advertido.