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Diez miembros de la familia Pujol están ya imputados en cuatro causas distintas

Familia Pujolcuatro.com

Diez miembros de la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, se encuentran imputados ante la Justicia por las actividades desarrolladas tanto por el matrimonio como por sus hijos Oriol, Jordi, Oleguer, Marta, Mireia y Pere, y las esposas de los dos primeros, Anna Vidal y Mercè Gironés, respectivamente. De esta forma, Josep es el único hijo del matrimonio al que ningún juez atribuye, por el momento, una conducta delictiva.

Dos jueces de Barcelona, otros dos de la Audiencia Nacional y un magistrado de Liechtenstein han abierto procedimientos en los últimos meses contra ellos por delitos que van desde el blanqueo de capitales y el fraude fiscal hasta el cohecho y el tráfico de influencias. En cuatro de ellos los miembros de la familia tienen ya formalmente la condición procesal de imputados.
La causa con un mayor número de miembros de la familia Pujol Ferrusola encuasados es la que instruye la responsable del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, Beatriz Balfagón, que interrogará el próximo 27 de enero como imputados al exjefe del Gobierno catalán; su esposa, Marta Ferrusola; y los hijos de ambos Marta, Mireia y Pere.
A los cinco se les atribuye un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales en el marco de la causa que se abrió en septiembre pasado después de que el sindicato Manos Limpias se querellara contra Pujol por confesar que había tenido dinero sin declarar en el extranjero durante más de 30 años, proveniente supuestamente de una herencia de su padre.
Las imputaciones se han producido después de que las declaraciones de Hacienda remitidas por la Agencia Tributaria revelaran que Oleguer y Mireia Pujol duplicaron prácticamente su patrimonio en 2012. El primero, en concreto, incrementó sus ingresos de 4,9 a 9 millones de euros mientras que su hermana Mireia pasó de ganar 322.294 euros en 2011 a 584.424 en el ejercicio siguiente.
Además, el juez de Liechtenstein Michael Jhle investiga al 'expresident' por un presunto delito de blanqueo de capitales. En su auto de este martes, Balfagón libra una comisión rogatoria al país para que le informe sobre las cuentas bancarias o instrumentos financieros de cualquier tipo que tengan en el país el matrimonio y sus hijos.
Oriol y el caso de las ITV
La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, mantiene imputado también al exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol en la causa en la que investiga la concesión irregular de estaciones de las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Cataluña. Entre los delitos que se le imputan están los de cohecho y tráfico de influencias.
La juez cree que Oriol Pujol se aprovechó de "sus múltiples influencias políticas" para beneficiar a empresarios como Sergi Alsina en procesos de deslocalización de empresas. A cambio, se producía la contratación ficticia de servicios de la empresa de su esposa, Anna Vidal, también imputada en el procedimiento.
De esta forma, su empresa, Alta Partners, recibió al menos 699.752 euros en siete años por las deslocalizaciones de Sharp, Yamaha y Sony, además de varias operaciones de colaboración con Seat y asesoramiento en el análisis del sector de centros deportivos.
Jordi, su mujer, sus suegros y su cuñado
Por su parte, el primogénito de los Pujol Ferrusola, Jordi, está imputado junto a su esposa, Mercè Gironés, en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para determinar si el matrimonio y tres empresas de su propiedad recibieron comisiones ilegales a cambio de su mediación en la adjudicación de contratos públicos.
El magistrado, que les atribuye un delito de blanqueo de capitales y otro de fraude fiscal, también interrogó como imputados el pasado 12 de noviembre a los suegros de Pujol Ferrusola, Ramón Gironés y Mercé Riera, así como a su cuñado, Ramón Gironés Riera.
En un auto dictado en octubre Ruz revelaba que, seis días después de ser llamado a declarar en la Audiencia Nacional, Jordi Pujol Ferrusola movió 2,4 millones de euros desde una cuenta en Andorra hasta otra radicada en México. Ante el juez, sin embargo, el imputado aseguró el pasado 15 de septiembre que no tenía cuentas en el extranjero.
Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que obra en el procedimiento, Pujol Ferrusola y su esposa habrían recibido estas "millonarias comisiones no justificadas" por intermediar supuestamente en operaciones urbanísticas e inmobiliarias, participar en la compra y venta de participaciones mercantiles y ofrecer asesoramiento sobre distintos negocios.
La causa se inició a raíz de la denuncia de la exnovia de Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, que aseguró que había acompañado a Jordi a bancos de Andorra para llevar bolsas repletas de billetes de 500 euros. "La gente no va por la vida así", aseguró el imputado ante el juez, según fuentes de su defensa.
Oleguer y los paraísos fiscales
La última causa contra la familia Pujol Ferrusola la instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que imputa a Oleguer un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales por siete operaciones inmobiliarias, entre ellas la compra de un hotel en Canarias con ocho millones de euros procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ordenó el pasado 23 de octubre varios registros para aclarar el origen del dinero con el que se adquirió el establecimiento hotelero así como 1.152 oficinas del Banco Santander por parte de la sociedad Samos Servicios y Gestiones.
También investiga la compra de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa y operaciones realizadas entre la sociedad inversora Longshore y Prisa Division Inmobiliaria. Las pesquisas también se centran en la compra de inmuebles en Palma de Mallorca y la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012.
El instructor abrió esta causa el pasado 1 de octubre después de admitir parcialmente a trámite una querella que habían presentado Podemos, Guanyem Barcelona y otros colectivos políticos y sociales de Cataluña.