Exaltos cargos de Educación asturianos confabulaban con empresarios para adjudicar contratos con apariencia de legalidad

El juez de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, Francisco Javier Rodríguez Santocildes, considera que la exdirectora de Planificación de la Consejería de Educación del Principado, María Jesús Otero, con el "conocimiento y aquiescencia", del exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, favoreció la adjudicación de todo tipo de contratos a las empresas de Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Carlos Sánchez (APSA), confabulándose con aquellos para dar una apariencia de legalidad a las operaciones que realizaban, con el fin de que la Secretaría Técnica no se percatara de las irregularidades.

Así consta en la sentencia que el magistrado ha leído este martes ante los acusados y sus defensas en sede judicial. La sentencia se entregará a las partes en un pen drive este miércoles a las 09.00 horas después de que los Procuradores hayan llegado a un entendimiento con el juez y trece días después de los anunciado.

El ponente destaca que María Jesús Otero y José Luis Iglesias Riopedre, adjudicaban obras de diferentes centros públicos educativos a las empresas con las que pactaban y en muchos casos estas obras no se llegaban a realizar y en otros, "fragmentaban" el importe total en contratos menores para que se elaborasen expedientes ficticios para obras inexistentes. Además se otorgaban a dedo trabajos a la empresa Geogal, cuyo administrador es el hijo del exconsejero, quién ostenta el 75% del capital, y de su mujer con un 25%.

A partir de 2008 con el fin de lograr trabajos para Geogal, la María Jesús Otero, de acuerdo con el procesado José Luis Iglesias, ordenaron promocionar el aprovechamiento geotérmico en todos los proyectos que estaban en curso en la Consejería (y que implicaba la realización de estudios geotérmicos, actividad a los que se dedicaba Geogal), con la excusa de que iban a obtener subvenciones de la Consejería de Industria, si se ajustaban a la legislación de eficiencia energética.

A pesar de que estos estudios geotérmicos fueron desaconsejados en algún caso por los técnicos de la Consejería, se llevaron igual a cabo, concretamente en los terrenos del Colegio Mayor América (Oviedo), la escuela de Arte de Avilés, y el CP Ramón de Campoamor (Avilés), todos ellos adjudicados a la empresa Nora, que a su vez subcontrató con Geogal.

También facilitaron la adjudicación a las empresas de los procesados Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez de contratos de material homologado, en detrimento de otras empresas igualmente homologadas.

Por otro lado, María Jesús Otero, abrió cuentas en distintas entidades, en donde fue recibiendo entre 2005 y 2010 diversas cantidades de dinero de las empresas participadas por los procesados Alfonso Carlos Sánchez Sánchez y Víctor Manuel Muñiz, por su intervención en las adjudicaciones de obras y servicios dentro del ámbito de la Consejería de Educación.

Las cantidades percibidas por María Jesús Otero de los procesados Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez ascienden, como mínimo, a 2.532.285, 22 euros. Por su parte, Riopedre recibió en compensación viajes y estancias en hoteles. También se vio recompensada la empresa de su hijo y de su mujer.

MODUS OPERANDI

La Consejería de Educación entregaba material "motu propio" sin que los centros lo pidieran y sin que en ocasiones necesitaran tal material. En los casos de ampliaciones o reformas de los centros, el material para amueblar el edificio era enviado directamente por la consejería sin que aquellos hubieran enviado listado alguno de necesidades.

Nunca se daban albaranes de entrega y bajo la excusa de premura, obligaban a los encargados de los centros a firmar hojas aparte de recepción del material sin que pudieran realizar comprobación alguna de que coincidía lo que firmaban con lo que habían recibido.

En algunos de los expedientes los encargados de firmar el recibí del material no reconocen sus firmas o están puestos sellos que no se corresponden con los del Centro. En otras ocasiones se recibía un material que no constaba en la factura y que no estaba homologado, es decir, se facturaba un material y se entregaba otro.

En ocasiones, otro material que efectivamente tienen los centros fue pagado por éstos y la Consejería pagó también por material no suministrado por ellos, es decir, se pagó dos veces.

Para facilitar estas adjudicaciones bajo una apariencia de legalidad, los procesados Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez tenían participación o controlaban varias empresas, todas ellas de igual o parecido objeto social, con las que participaban alternativamente en los concursos, y de las que se hablará más adelante.

MARTA RENEDO

Por su parte, Marta Renedo, desde sus diferentes puestos de responsabilidad como funcionaria de la Administración del Principado desviaba dinero público a varias cuentas que abrió para tal fin suplantando en algunos casos identidades y falsificando firmas de responsables políticos.

El dinero procedente del Principado de Asturias que Marta Renedo se quedó para sí o para entidades vinculadas a ella, asciende a 1.889.217,04 euros. Los regalos percibidos de los procesados Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez por favorecer a sus empresas asciende a 460.132,52 euros.

PENAS

La mayor condenas recae en la exdirectora de Planificación de la Consejería de Educación, María Jesús Otero, condenada a nueve años y medio de prisión por varios delitos de malversación de caudales públicos y cohecho y deberá pagar una indemnización de 2.500.000 euros. El exconsejero de Educación asturiano, José Luis Iglesias Riopedre, ha sido condenado a seis años de cárcel y 400.000 euros de multa.

La funcionaria Marta Renedo ha sido condena a nueve años de cárcel con multa de 480.000 mil euros y una indemnización a la administración del Principado por las cantidades sustraídas. A los empresarios de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, se les impone seis años de prisión para cada uno.

La Audiencia también ha condenado al gerente de Asac Comunicaciones, Maximino Fernández Álvarez, a un año y nueve meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil concurriendo la atenuante analógica de confesión y al pago de una multa de 3.240 euros.

José Antonio Azorín Iglesias, de Nora Proyectos e Ingeniería, ha sido condenado a un año de prisión por un delito de falsificación en documento mercantil en concurso con un delito de fraude a la Administración y deberá abonar una multa de 2.880 euros.

Por último, la Audiencia ha condenado al ex jefe de compras del Ayuntamiento de Mieres, Francisco Javier Juárez González, al pago de 2.250 euros de multa por un delito de cohecho.

El juez absuelve a los acusados Braulio I. M.; José Manuel B.F.; a José V.C; a Isaac O.G. y a María Paz R.P.