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La causa de Aguirre por el incidente vial se complica al ampliarse la acusación popular

Un agente de movilidad multa a Esperanza Aguirrecuatro.com

Un abogado cordobés se ha personado como acción popular en la causa judicial que investiga el incidente de tráfico de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, han informado fuentes jurídicas. Este lunes es la fecha fijada para que Aguirre comparezca ante el juez y se someta a las preguntas del juez, el fiscal y las partes personadas por el incidente vial del pasado 4 de abril por el que está imputada por un posible delito de desobediencia.

Se trata de un abogado de Lucena (Córdoba) que denunció a Aguirre un día después de que sucedieran los hechos. El juez le ha pedido que deposite una fianza de 200 euros para que se acepte su acusación.
Esta acusación se sumaría a la de Transparencia y Justicia, que propició a través de un recurso que la Audiencia de Madrid ordenara a Carlos Valle instruir la causa como delito y no como una falta leve de desobediencia.
Declara el lunes 22 de septiembre
La presindenta del PP madrilleño ha sido llamada a declarar como imputada el próximo lunes, 22 de septiembre, por un posible delito de desobediencia en relación al incidente de tráfico que protagonizó el pasado 3 de abril, como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El auto de diligencias previas del juez Carlos Valle, titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, fechado el pasado 12 de septiembre, recoge que los hechos "presentan características de la posible existencia de una infracción delictiva".
Esto lleva a la apertura de diligencias previas como la declaración en calidad de imputada de Aguirre, prevista para este lunes a las 11 horas.
Una semana después, concretamente el martes 30 de septiembre, declararán ante el juez como testigos los agentes de movilidad y policías municipales presentes en el incidente de tráfico protagonizado por la presidenta del PP de Madrid.
La apertura de la investigación judicial se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid estimara el pasado 5 de septiembre que los hechos ocurridos ese día en la calle Gran Vía de la capital encajaban en un delito de desobediencia, contemplado en el artículo 556 del Código Penal, y no en una falta leve como apreciaba el juez instructor.