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Empresario vinculado a la trama dice que su firma se usó sin su consentimiento

El exconcejal de Medio Ambiente de Pozuelo de Alarcón se desvincula de la adjudicación del PARJAP a Correa
El empresario Jesús Calvo Soria, acusado de haber ocultado fondos ilícitos de la trama Gürtel, ha destacado este miércoles ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga junto a otras 36 personas por su presunta implicación en los primeros años de actividades de la red corrupta (1999-2005), que está convencido que su firma y datos personales han sido utilizados sin su consentimiento para realizar actividades irregulares.
También ha comparecido este miércoles el exconcejal de Medio Ambiente de Pozuelo de Alarcón (Madrid) José Antonio Saénz, que se ha desvinculado de haber adjudicado la organización de Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos (PARJAP) de 2004 a una de las empresas del 'cabecilla' de la trama, Francisco Correa.
De hecho, ha manifestado que fue el exalcalde del municipio madrileño y exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato, Jesús Sepúlveda, quien tomó esta decisión.
Calvo ha insistido en que la relación con Correa comenzó en 2003 cuando le conoció en una cena que mantuvo con él y con su exmujer Carmen Rodríguez Quijano, con la que había mantenido una relación profesional en una empresa de encuestas del Grupo Zeta y con la que se "sentía en deuda" porque la que tuvo que despedir por "razones estructurales".
En este encuentro, según ha indicado, comentó que había emprendido un proyecto inmobiliario en Salobreña (Granada), algo que interesó al 'cabecilla' de la Gürtel.
Ha continuado explicado que tras la petición de Correa de entrar en esta sociedad y debido a que Calvo estaba buscando un socio, el acusado le vendió al líder de la Gürtel el 22,5 por ciento de las acciones de Nuevos Proyectos Inmobiliarios Salobreña SA (NPIS). "En el momento que se incorpora Correa perdí el control de la sociedad", ha lamentado.
Jesús Calvo ha manifestado que debido una causa judicial por la que fue juzgado en Sevilla en 2005 tuvo que cesar de NPIS y en ese momento tuvo el "convencimiento moral" de que alguien estaba utilizando sus datos sin su consentimiento y fue entonces cuando "se acabaron las relaciones personales y profesionales" con Correa.
Además, ha apuntado que cuando declaró como investigado en este procedimiento ante el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón Anticorrupción en 2009 y Anticorrupción comenzó a preguntar sobre una serie de sociedades, se percató de que no sabía de "qué le estaban hablando". "Con la Policía y el Ministerio Fiscal descubrí que habían utilizado mi firma, todo", ha recalcado.
NO SOSPECHÓ EN 2004
A preguntas de la fiscal Concepción Sabadell, el que fuera gerente general de la Universidad Complutense de Madrid ha negado haber cobrado 3.000 euros en diciembre de 2004 procedente de la red corrupta.
Posteriormente, le ha preguntado si no sospechó del motivo por el que se ingresó en NPIS 240.000 euros procedentes de Rustfield, otra sociedad de Correa, a lo que ha contestado que en ese momento no le "preocupó lo más mínimo".
Calvo, para quien Fiscalía pide tres años de prisión por blanqueo de capitales, ha subrayado que no era consciente de haber "pactado" nada ilícito y ha repetido varias veces que no "recuerda nada" relacionado sobre lo que ha sido interrogado: "No sé de lo que me está hablando", ha añadido.
La fiscal Sabadell ha intentado desmontar su argumento y le ha mostrado varios documentos firmados por el acusado, como el relativo a la transferencia de los 240.000 euros. "Es todo falso", ha dicho.
A pesar de que haya asegurado y repetido en varias ocasiones que la relación con Correa comenzó en 2003, la fiscal Concepción Sabadell le ha preguntado por qué hay documentación de la constitución de otra empresa Caroki SL en 2000. "Puede que ese fuera el origen de Caroki", ha dicho.
NO RECONOCE DOCUMENTOS
La representante del Ministerio Público le ha exhibido también documentos de esta sociedad, que según afirma en su escrito de acusación es una empresa creada para invertir el patrimonio ilícito en España de Correa, fechados en el año 2000 y firmados por él. Calvo ha reconocido su firma pero ha afirmado que no recuerda esos papeles.
"No recordaba Caroki hasta que usted me lo ha mencionado", ha enfatizado y asegurado que desconoce si la primera letra del nombre de la empresa tiene relación con la inicial del nombre de la exmujer de Correa.
Por su parte, el exconcejal de Medio Ambiente de Pozuelo de Alarcón (Madrid) José Antonio Saénz ha asegurado que ha conocido al 'cabecilla' de la trama, Francisco Correa, y su 'número dos', Pablo Crespo, durante la celebración de la vista oral.
Sí que ha reconocido conocer a la administradora de empresas de Correa, Isabel Jordán, con la que se reunió en el despacho del exalcalde del municipio madrileño Jesús Sepúlveda con ocasión del Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos (PARJAP). Según ha explicado el exconcejal, Sepúlveda tomó la decisión de contactar con Jordán porque ya había colaborado con él con anterioridad y, según le comentó, era una empresa "trabajaba muy bien" en la organización de eventos.
Sáenz, que se enfrenta a dos años y tres meses de prisión, se ha desvinculado de cualquier irregularidad realizada en la adjudicación de este concurso público, pues ha remarcado que nunca ha contratado nada con esta empresa porque "no tenía competencias en nada de este estilo". Así, ha apostillado que "toda la parte económica y presupuestaria" dependía de la Concejalía de Hacienda.
EL EXCONCEJAL DE POZUELO DICE QUE NO HA PEDIDO NADA A JORDÁN
Asimismo, ha constatado que le extrañó que Jordán le enviase dos correos electrónicos adjuntándole pliegos de condiciones porque, según ha indicado, él no había solicitado nada similar y, por ello, lo puso en conocimiento de Sepúlveda.
"Jamás me he reunido con ella ni con nadie de su equipo", ha agregado, al tiempo que ha asegurado que ni abrió los e-mails ni le contestó, a pesar de que la fiscal le haya mostrado la correspondencia dirigida al exconcejal.
Ha resumido su participación en esta adjudicación en la presentación de una propuesta de inicio para este proyecto y ha subrayado que esto no era un "informe vinculante".
No obstante, ha admitido estar presente en la mesa de contratación en la que se adjudicó la organización de este evento con urgencia y a la que sólo se presentó una sociedad. Sáenz ha dicho que "imagina" que sí conocía la reducción del plazo, ya que se había convocado con "urgencia" y que los motivos que le expusieron para hacer este trámite con rapidez no le parecieron extraños.
Emitió un voto favorable a esta concesión porque el informe técnico estaba "dentro de la legalidad", no detallaba ningún aspecto negativo y su voto no era "decisivo", ha explicado. Según el escrito de acusación de la Fiscalía la urgencia en la tramitación fue justificada por el exconcejal por "la proximidad de las fechas del Congreso" y "la necesidad de que las prestaciones objeto del contrato debieran prepararse con antelación suficiente".
Sáenz ha precisado que se enteró por este procedimiento que la organización del congreso la realizó otra sociedad distinta --Down Town Consulting, perteneciente al entramado societario de Correa-- a la que había sido adjudicada --MR & Asociados, cuya administradora es la fallecida María del Mar Rodríguez Alonso-- que actuó, tal y como explica el escrito de Anticorrupción, como empresa pantalla a cambio de una comisión de 2 por ciento.
La abogada de Sáenz ha querido concluir su interrogatorio preguntándole sobre cómo se sintió cuando fue llamado a declarar por primera vez como investigado en esta causa "nueve años y nueve meses" después de esta adjudicación y sobre su situación personal y laboral actual. El exconcejal no ha podido contestar debido a que se le han saltado las lágrimas.