Ediles del PP investigados declaran que el expediente del Serrallo tenía informes favorables

Concretamente han sido tres ediles --Fernando Egea, Juan Antonio Fuentes y Francisco Ledesma-- los que estaban citados a declarar este viernes en calidad de investigados ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, después de que la magistrada haya considerado que su apoyo y el del resto de compañeros que integraban en 2012 la Junta de Gobierno Local al expediente sobre los horarios y usos complementarios del Serrallo puede ser constitutivo de un delito de prevaricación urbanística.

Juan Antonio Fuentes, el actual coordinador del grupo municipal del PP --ahora en la oposición--, ha señalado a los medios a la salida del edificio judicial de La Caleta que tanto él como sus compañeros afrontan su citación en este caso con "total tranquilidad", convencidos de que no han "prevaricado ni cometido ningún delito".

Ha defendido, de hecho, que ellos no cuentan con conocimientos técnicos en materia urbanística y votaron a favor del expediente del 'caso Serrallo' guiados por "el principio de confianza, veracidad y legalidad de los informes técnicos", dado que la propuesta también era respaldada por la concejal del área y la Secretaría General del Ayuntamiento, apostillando que un voto contrario a algo respaldado por los servicios técnicos sí puede constituir una prevaricación.

"La participación que se tiene en los órganos colegiados por parte de los concejales es ver que los expedientes que van a la Junta de Gobierno Local cuentan con los informes técnicos y jurídicos favorables", pero "no estamos para debatir informes" a los funcionarios cualificados que se encargan de elaborarlos, ha insistido Fuentes.

Ha abogado en este sentido por que, si realmente han existido ilegalidades en este caso, "las paguen" los responsables, pero "no vale --ha dicho-- que por estar cerca o por haber pertenecido a un órgano colegiado del Ayuntamiento nos veamos en esta situación".

Fuentes ha reconocido que el grupo municipal del PP ha "perdido mucho" en este tiempo: "el gobierno de la ciudad, nuestra imagen en la calle y la legitimidad que nos puede hacer que a nosotros, sin comerlo ni beberlo, se nos acusa de algo en lo que no hemos participado en ningún momento", ha puntualizado el edil, que durante su comparecencia ha respondido a las preguntas de la magistrada, la fiscal y su abogado.

Antes que él ha declarado el concejal Fernando Egea, que no ha hecho declaraciones a los medios, mientras que el tercer edil citado para este viernes, Francisco Ledesma, no ha llegado a declarar al pedir su abogada un aplazamiento.

PRÓXIMAS DECLARACIONES

Lo hará el próximo 16 de mayo, junto a la también concejal del PP María Francés, la exsecretaria del Ayuntamiento de Granada Mercedes López Domech y el Interventor Francisco de Paula.

La ronda de declaraciones de los últimos investigados en la causa concluirá el próximo 22 de mayo con las comparecencias de los ediles Juan García Montero y Telesfora Ruiz y los exconcejales Juan Antonio Mérida, Isabel Nieto y Vicente Aguilera.

La jueza ha citado a estos ediles y exediles --seis de ellos aún siguen en el grupo municipal del PP-- después de que el pasado 27 de marzo lo hiciera en calidad de investigado el que fuera alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), el cual expuso que tanto su participación en la Junta de Gobierno Local como la del resto de miembros se llevaba a cabo de forma "automática", puesto que seguían los criterios de los que eran informados por los técnicos.

No obstante, la magistrada argumenta en su último auto que, de acuerdo al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, los miembros de estas instituciones están "sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones en el ejercicio de su cargo y son responsables de los acuerdos en los que hayan votado favorablemente".

En este sentido, advierte la jueza de que los miembros de la Junta de Gobierno Local "no pueden limitarse a votar" como expuso Torres Hurtado en su declaración, sino que, como miembros de la corporación, "tienen la obligación de obtener datos o informaciones (...) que resulten precisos para el desarrollo de su función. Es más, deben de cerciorarse de que las decisiones que vayan a adoptar se ajustan a la legalidad, no pudiendo reducirse su votación a una mera actuación automática como se argumentó al respecto".

Por ello, ha aceptado la petición de la acusación popular ejercida por el partido político VOX de traer al procedimiento a los concejales que apoyaron este expediente del 'caso Serrallo' para que declaren como investigados.