El preso de ETA Gogorza pidió en 2014 su libertad pero fue rechazada por su "peligrosidad"

La Asociación de Familiares de Presos de ETA, Etxerat, ha anunciado que Aitzol Gogorza se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 6 de agosto para pedir su excarcelación "en aplicación de lo que la legalidad vigente contempla para los casos de enfermedades graves e incurables".

En 2014, la Audiencia Nacional ya estudió su caso y determinó que el interno en Basauri (Vizcaya) ingresara en un centro psiquiátrico tras estudiar hasta tres informes médicos. Considerado miembro del núcleo duro de ETA, fue condenado en 2006 en firme por el Tribunal Supremo a 20 años y dos meses de cárcel por tentativa de homicidio terrorista y tenencia de armas.

Etxerat ha recordado sus repetidos ingresos hospitalarios y ha señalado que el recluso ha cumplido ya 17 de los 20 años de prisión a los que fue condenado. Además, ha indicado que éste ha solicitado permisos ordinarios, "que le han sido denegados por la Junta de Régimen del Centro Penitenciario de Basauri, actuación que ha sido recurrida por sus abogados al Juez de Vigilancia Penitenciaria".

Los jueces de la Sección Primera de la Sala de lo Penal se negaron a su liberación al considerar que se trata de "una persona muy peligrosa que en libertad representaría un peligro muy evidente para personas y bienes".

Hace ahora dos años, Gogorza solicitó la suspensión de su condena debido a su estado mental, lo que supondría su inmediata liberación. El preso alegaba que desde hace diez años sufre un trastorno obsesivo compulsivo, acompañado de síntomas psicóticos y un trastorno depresivo que le ha llevado en varias ocasiones a intentar suicidarse.

Según un informe de la cárcel remitido entonces al juzgado, Gogorza mostraba "una adhesión plena a los postulados de ETA y de apoyo a la actividad de la banda, posicionamiento que transmite de manera continuada". Además se remarcaba que seguía "validando el uso de la violencia para la obtención de fines políticos", mostrando "orgullo por su militancia en ETA", un "discurso rígido y cerrado" con "nula autocrítica". Tenía pendiente de pagar una indemnización de 180.000 euros.

En un auto fechado el 22 de julio de 2014, el tribunal integrado por los magistrados Fernando Grande Marlaska, Nicolás Poveda y Ramón Sáez Valcárcel consideraba que no procedía a la suspensión de la pena dada su "peligrosidad". No obstante, autorizaban "su ingreso en un psiquiátrico penitenciario, en donde podrá recibir el mejor tratamiento posible para el cuidado de su salud y persona". La Fiscalía también se oponía a la suspensión de su condena.

INFORMES FORENSES

La Sección Primera de la Sala de lo Penal tuvo en cuenta dos informes de los forenses de la Audiencia Nacional. Ambos coincidían en que su enfermedad no le impedía ser conocedor del alcance y las consecuencias de sus delitos cometidos. "No altera las capacidades psíquicas superiores necesarias para que sea capaz de conocer la realidad, sus actos y las consecuencias de los mismos, permitiéndole mantener el juicio crítico".

En uno de los informes, los forenses incluso se preguntaban si los intentos de suicidio "recurrentes llevados a cabo por Aitzol Gogorza son ciertos y no fruto de una manipulación con el fin de obtener beneficios penitenciarios".

Además, la Audiencia Nacional solicitó un tercer informe, en este caso al doctor director del Instituto Vasco de Medicina Legal Clínico Forense de Bilbao, quien aseguró que "desde que se diagnosticaron los trastornos mencionados han de considerarse 'incurables' dada la refractariedad ante los tratamientos prescritos" y que el "riesgo de conducta suicida es elevado".

No obstante, pese a que admitía que "un ambiente distinto a la cárcel ejercería una influencia positiva", señalaba que no podía "acreditar ni la evolución de los trastornos ni el riesgo de suicidio" fuera de prisión, "ya que esa circunstancia nunca se ha dado".

TAMBIÉN PIDIÓ CUMPLIR LA PENA EN CASA

Gogorza, que está acogido a un plan de prevención de suicidios, había intentado otras vías legales para quedar en libertad. Además de acudir a la Sala de lo Penal, también solicitó ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional que le concediese el artículo 100.2 en combinación con el articulo 86.4, mediante el cual el preso podría seguir cumpliendo su condena en su domicilio sujeto a una serie de medidas de control como, por ejemplo, una pulsera telemática.

Pero en otro auto dictado el 1 de agosto de 2014, el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, tampoco accedió a concederle tal privilegio ya que, atendiendo a criterios jurídicos, no cumplía requisitos exigidos como el tiempo de condena o el arrepentimiento. Tampoco cumpliría los requisitos desde un punto de vista médico para que se le concediese el 100.2, como se le otorgó en su día a Iñaki de Juana Chaos tras su huelga de hambre.