Díaz Ferrán pide el archivo del caso porque los gastos con su 'tarjeta black' han prescrito

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa del exjefe de la patronal solicita al magistrado que dicte el sobreseimiento de su caso puesto que "no cabe duda" de que el delito continuado de apropiación indebida imputado a su representado ha prescrito.

El abogado de Díaz Ferrán explica que tuvo constancia del último apunte atribuido a su cliente en el acto de apertura de juicio oral del pasado lunes, en el que el magistrado acordó sentarle en el banquillo junto a otros 65 antiguos directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia, entre ellos los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato.

El exresponsable de los empresarios, que utilizó su 'visa' desde el 19 de abril de 2005 hasta el 17 de octubre de 2009, señala que el plazo de prescripción comienza en esta última fecha y concluye el 17 de octubre de 2012, "siendo este día cuando se produce la prescripción del supuesto delito continuado de apropiación indebida".

Tras indicar que el plazo establecido en el Código Penal es de tres años al tratarse de un delito penado con un máximo de tres años de prisión, la defensa de Díaz Ferrán concluye que es además "claramente erróneo" apreciar que la infracción es de "especial gravedad" por la cuantía de lo supuestamente defraudado.

APERTURA DE JUICIO ORAL

El magistrado envió el pasado lunes el caso a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal para sentar en el banquillo a 66 antiguos directivos y consejeros de dichas entidades financieras propuestos por PP, PSOE, IU, el empresariado y los sindicatos al entender que hay "méritos suficientes" para exigir responsabilidad criminal por delitos de administración y apropiación indebida.

La Fiscalía Anticorrupción, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Bankia, BFA y Unión Progreso y Democracia (UPyD), solicitan penas que oscilan entre los dos y los diez años de cárcel.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 cerró el pasado diciembre la instrucción al concluir que existen indicios de administración desleal por parte de los imputados que ocuparon cargos en los Consejos de Administración de ambas entidades (órganos que aprobaron el uso de los plásticos), y de apropiación indebida en el caso del resto de directivos que los utilizaron.

El magistrado afirmó entonces que las tarjetas fueron emitidas "sin respaldo contractual alguno" y usadas para "gastos personales y propios", que ascendieron entre 1999 y 2012 a un total de 15,5 millones de euros, aunque la responsabilidad por los gastos comprendidos desde 1999 hasta 2003 ha prescrito.