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Díaz: "Con 2.100 millones en la legislatura se daría respuesta a los 350.000 dependientes que esperan"

Cree que las comunidades "lo han hecho bien" y subraya que han soportado el 80% del coste
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha defendido este martes que las comunidades autónomas "lo han hecho bien" en materia de Dependencia, soportando el 80 por ciento del coste de este pilar, y ha advertido de que con 2.100 millones de euros en la legislatura se daría respuesta a los 350.000 dependientes que esperan ser atendidos.
Así lo ha expuesto la dirigente andaluza en el transcurso de la Conferencia de Presidentes que ha acordado revisar la financiación que Estado y comunidades autónomas hacen de los servicios a los dependientes y que, según fija la propia ley, sería al 50 por ciento para cada administración, algo que no se ha cumplido hasta ahora, según denuncian Andalucía y otras regiones.
Ese 30 por ciento más que la comunidad ha tenido que asumir se ha traducido en 624 millones adicionales que debería haber sufragado la Administración del Estado pero que ha tenido que poner la comunidad autónoma para que "la dependencia fuera sostenible en una etapa en la que algunos la estaban desmontando", ha trasladado Díaz, que ha valorado que la aportación en la práctica de cada parte se revise.
Además, la dirigente autonómica ha reclamado la vuelta de los cuidadores al régimen general de la Seguridad Social y la eliminación de los copagos y ha señalado que la Comisión de Expertos tiene que dar una respuesta a ambos asuntos en el plazo de un mes.
FLEXIBILIZAR LA TASA DE REPOSICIÓN
En otro orden de cosas, la Conferencia de Presidentes ha abordado este martes la flexibilización de la tasa de reposición de empleo en los servicios públicos para las comunidades que, como Andalucía, tienen "suficiencia financiera" porque cumplen con el déficit público y tienen un endeudamiento por debajo de la media".
Otros asuntos en los que ha coincidido el Ejecutivo con las autonomías han sido la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en el marco del Pacto de Toledo y el posicionamiento ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea.